La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó para el 27 de junio la audiencia en la que ocho miembros del Ejército Nacional aceptarán su responsabilidad, de manera pública, por la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad y desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006 que fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, en Antioquia.
Según las investigaciones realizadas por la JEP, sobre el caso emblemático de Dabeiba, en su inmensa mayoría las víctimas eran hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 20 y 35 años y sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación.
A la diligencia judicial fueron llamados el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; el sargento viceprimero Hernando Cómbita Salazar, Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arahuacos y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica.
Asimismo, tres sargentos en retiro: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro: Levis de Jesús Contreras Salgado.
La audiencia se dará en el marco del macrocaso nacional (03), que investiga los antiguamente llamados ‘falsos positivos’, con el caso territorial 04 que priorizó la región de Urabá antioqueño y chocoano.
Durante la audiencia los comparecientes efectuarán públicamente su reconocimiento de verdad y de responsabilidad frente a los familiares de las víctimas, quienes además participarán en un espacio al que también fueron vinculadas las organizaciones acompañantes, así como las instituciones del Estado del orden local, regional y nacional e internacional.
Concretamente, el caso 04 estudia los hechos victimizantes ocurridos en los siguientes diez municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (en Chocó).
En esos municipios, la Jurisdicción Especial para la Paz ha identificado, hasta el momento, alrededor de 3.582 hechos victimizantes al derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Por otro lado, según la Unidad para las Víctimas, de los 747.340 habitantes del Urabá, 504.933 han declarado ser víctimas del conflicto armado.
Hasta la fecha, en el caso 04, han comparecido integrantes de los frentes 5, 34 y 57 del Bloque José María Córdoba de las Farc y sus respectivas unidades móviles, así como miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional.
Hay que destacar que la JEP creó tres subsalas destinadas a definir la situación jurídica de aquellos miembros del Ejército y la Policía Nacional que no fueron encontrados como máximos responsables en los asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
En ese contexto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP será la competente para definir la situación jurídica de estos comparecientes que fueron integrantes de algunas unidades militares y que no fueron considerados máximos responsables por los hechos que se les imputa.
Estas subsalas tendrán la tarea de revisar otros casos que se salgan del ámbito temporal que investigó la Sala de Reconocimiento y que tengan abierto un proceso en la justicia ordinaria, que hagan parte de las unidades militares tenidas en cuenta en el macrocaso 03.
Así lo explicó la justicia nacida del Acuerdo Final de Paz:
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