
Aunque el aumento del nivel de precios de los productos y servicios moderó su velocidad al alza en marzo pasado en seis puntos básicos frente al mes de febrero, la inflación (13,34% anual) mantiene el comportamiento ascendente que acompaña a los colombianos desde hace 23 meses.
Si se compara la inflación de marzo de 2021, que era de 1,51 %, con la de marzo de 2023, equivalente al 13.34 %, se puede concluir que ha tenido un crecimiento de 883% en el referido período de tiempo, lo que lanza una alerta a las autoridades económicas para detener el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Al respecto, el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario Henry Amorocho afirmó que la inflación no solo se ataca con el aumento de la tasa de intervención, como de forma sostenida lo viene haciendo la Junta Directiva del Banco de la República, sino con una política macroeconómica consistente en la que las instituciones del Estado colaboren de manera armónica.
El profesor señaló que para controlar la inflación se requiere superar la confianza ciega en el uso de la tasa de interés como única medida para combatirla porque el abuso de esta medida está cerca de provocar un agudo choque de disminución de demanda agregada que podría afectar los sectores de vivienda, emprendimiento empresarial, alimentos, bebidas, restaurantes, turismo, arrendamientos, importaciones, entre otros.
Según Amorocho, se debe cumplir el mandato constitucional, legal y jurisprudencial que obliga a mirar la economía desde la perspectiva de la estabilización económica, sin que por ello se descuiden los niveles de empleo, crecimiento y coherencia macroeconómica, que propenden por la armonización de las variables fiscales y monetarias necesarias para avanzar en la superación de los déficits fiscal y de balanza de pagos.

Falta protagonismo de entes de control y gremios
Amorocho indicó que es palpable la exigua actividad de los órganos de control del Estado para hacer frente a la inflación.
Precisó que el Gobierno invitó a los gremios a que los empresarios tomen conciencia para que ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios, sin embargo, esto no servirá de mucho, sino se atacan las razones de fondo, ya que es necesario que las empresas se formalicen para que tengan contabilidad normal y de costos y no estén asignando al “ojímetro” y a la conveniencia de cada sector el aumento de precios en detrimento del bienestar de la población.
Efectiva gestión y ejecución de la inversión pública para bajar la inflación
El llamado al Gobierno y al Emisor es reducir la inflación con gerencia pública integral y a desactivar la desaceleración de la economía con una efectiva gestión y ejecución de la inversión pública, que permitan salir de los pronósticos de un crecimiento entre 0.8 % y 1.1 % del PIB (Producto Interno Bruto) para 2023.
Para alcanzar estos objetivos se requieren acuerdos entre Gobierno, Congreso de la República y gremios en las reformas de ley de salud, pensiones y laboral. Además, la información que aporta la rama ejecutiva hasta ahora no es completa, ni definitiva.
“Esta forma de presentar los proyectos e impulsar las negociaciones ha terminado por fomentar la incertidumbre, el nerviosismo financiero y la especulación en el mercado”, agregó Amorocho.
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