El fiscal Francisco Barbosa se refirió a la retención de militares por miembros de la Guardia Indígena en el Cauca: “Secuestro es secuestro”

Mientras el Gobierno nacional prefiere el uso de la palabra retención para referirse a las privaciones de la movilidad de miembros de la fuerza pública por grupos civiles o indígenas, el fiscal Francisco Barbosa señaló que se deben definir esas situaciones como secuestros. Además, aseguró que demuestran una supuesta falta de seriedad y de una política de seguridad.

Las declaraciones del fiscal general de la Nación se dieron tras los hechos ocurridos en la vereda La Pila del municipio de Toribio, en Cauca. Allí, tropas del Comando Específico de la Tercera División del Ejército realizaron un operativo para capturar, supuestamente, a una persona señalada del delito de homicidio agravado. Esta persona habría resultado herida en una pierna, en hechos que se encuentran en investigación.

En medio del operativo, unas 700 personas entre habitantes del sector y de la Guardia Indígena rodearon a los miembros de la Fuerza Pública para impedirles continuar con el procedimiento. Posteriormente, auxiliaron al herido y lo llevaron a un hospital de la región.

El fiscal Barbosa señaló que los hechos deben ser descritos como un secuestro, delito contra la libertad personal, al ser consultado sobre lo ocurrido. Señaló que definirlo como retención, como lo han nombrado varios miembros del Gobierno nacional, sería una falta a la realidad.

“Pongámosle un poquito de seriedad al país y digamos las cosas con claridad, secuestro es secuestro, no hay las tales retenciones. Esa es una entelequia que se le ha venido diciendo al país; secuestro es secuestro y por eso seguiremos investigando esas conductas en el marco de la tipificación del Código Penal que establece el secuestro”, afirmó Barbosa.

El fiscal anunció que avanzan en determinar responsabilidades en los hechos ocurridos a principios de marzo en el sector de Los Pozos, en Caquetá, donde 76 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios fueron sometidos a permanecer en el lugar por manifestantes campesinos. “Estos no son cercos estos son violaciones al código penal”, sostuvo Barbosa.

Según el fiscal general, se trata de un delito contra la libertad personal, por la que más allá de las situaciones en las que ocurra o se logre la liberación por medio del diálogo, se debe condenar y en ese sentido anunció que habrá imputaciones contra “una cantidad de actores”, inicialmente por el caso en Los Pozos.

“Volvemos a la misma discusión de cada semana, en Toribio, en el Caguán, en el Catatumbo, ¿Qué significa eso? Que no hay política de seguridad, de orden público, ante la ausencia de política de orden público esto será recurrente”, reiteró el jefe del ente acusador, al cuestionar las acciones del presidente Gustavo Petro.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a la situación a través de su cuenta de Twitter en la que, sin mencionar al fiscal, en la que participó en la discusión al señalar que no debería haber escándalo porque el Código Penal define el secuestro, tanto simple como extorsivo, como el que “arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona”.

“Solo para recordar lo que dicen los artículos 168 y 169 del Código Penal: arrebatar, sustraer, RETENER u ocultar son los verbos que describen el delito de secuestro en Colombia. ¿Cuál es entonces el escándalo?”, escribió el ministro Velásquez poco después de lo dicho por el jefe de la Fiscalía.

El ministro de Defensa había anunciado horas antes la liberación de los 17 soldados del Ejército “que estaban retenidos”. Varios miembros de la oposición señalaron que no se trataba de una retención, al igual que se hizo en Los Pozos con el “cerco humanitario”, sino de un secuestro. Estos últimos fueron condecorados por el Gobierno nacional en una ceremonia en la Escuela de Cadetes General Santander.