
Por desacatar el fallo de una tutela que lo conminaba a proporcionarle medidas para salvaguardar la vida y la integridad A un ciudadano, identificado como Pedro Pablo Rosero, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, tendrá que cumplir tres días de arresto.
Así lo dieron a conocer en el emisora Blu Radio tras la decisión de un Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito, donde al funcionario, además, le impusieron una multa de un salario mínimo mensual vigente al no cumplir con lo ordenado en la tutela que se resolvió en noviembre del año pasado.
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La UNP contestó al operador judicial que desde esa entidad se había llevado a cabo la correspondiente asignación de los escoltas, celular, radio, chalecos antibalas, botón de pánico y curso de autoprotección, pero a la fecha no le habían entregado nada, como tampoco un vehículo blindado que requiere para su protección, reseñaron en el medio radial.
Al parecer, el retraso sería consecuencia del cierre en la vía hacia Pasto (Nariño), donde debían ser trasladados los elementos de protección, según señalaron en la respuesta de la mencionada entidad al juzgado.
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Sin embargo, desde el despacho le replicaron a la UNP que el corredor vial de Popayán (Cauca) a la capital nariñense contaba con vías alternas con horarios específicos que permiten los desplazamientos como se señala en la web del Instituto Nacional de Vías (Invías), citaron del documento en Blu Radio.
El arresto cobra más relevancia, luego de que la exsenadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, instaurara una tutela contra el gobierno Nacional y la UNP por el retiro de su esquema de seguridad que consistía en un vehículo blindado y dos escoltas.
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“Instauro acción de tutela en contra de: La Presidencia de la República de Colombia, representada legalmente por el presidente de la República, señor Gustavo Petro Urrego, o por quien ejerza sus funciones al momento de la notificación, el ministerio del Interior, representado legalmente por el ministro, señor Hernando Alonzo Prada Gil, o quien ejerza sus funciones al momento de la notificación; la Unidad Nacional de, representada legalmente por su director general, señor Augusto Rodríguez Ballesteros, o quien ejerza sus funciones al momento de la notificación”, indica el documento.
Los derechos fundamentales que la excongresista considera vulnerados y de los cuales solicita su amparo son la vida e integridad física, igualdad, locomoción y seguridad personal, pues para ella la UNP no tuvo en cuenta el “riesgo extraordinario” de seguridad que ella tiene por su militancia política.
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Adicionalmente, pidió que se le protejan sus derechos políticos subsidiariamente por conexidad con el Bloque de Constitucionalidad como miembro activo del Centro Democrático, así como otros derechos que considere el juez.
Guerra manifestó además que el hecho de no haber aspirado al Congreso no significa que no esté ejerciendo su actividad política. “Soy miembro del comité promotor del Referendo Provida, y estoy en la recolección de firmas para que el aborto no sea un derecho, se proteja la vida desde la concepción y se respete la objeción de conciencia de los todos los ciudadanos, en especial de los trabajadores del sector salud”, expresó.
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Añadió que “mi decisión de apoyar candidatos para las próximas elecciones regionales, y la promoción para la realización del Referendo PROVIDA, han sido hechos notorios que se amparan bajo el derecho político que pido me sea protegido, y que son actividades de pleno conocimiento por el actual gobierno central, y como lo mencioné del cual somos opositores políticos, así como de su partido el Pacto Histórico”.
Dice la exparlamentaria que debido a ese referendo ha recibido amenazas en su contra y que solo le dejaron un escolta y un chaleco blindado.
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“Aquí la accionada UNP claramente actúa de manera caprichosa, mantuvo su arbitraria decisión de cercenar mi esquema de seguridad de Bogotá y sin sustento técnico alguno me retira el vehículo blindado, asimismo retiró un hombre de protección, y me dejó como esquema de seguridad un hombre de protección para Bogotá y un chaleco blindado”, criticó.
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