ONU alertó por presuntas irregularidades de la Fiscalía tras detenciones en el paro nacional de 2021

“En particular, nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejerzan su derecho a la reunión pacífica”. Así se refirieron cinco relatores de la ONU al accionar de la justicia colombiana durante las protestas del paro nacional realizado en 2021, en un informe en el que hicieron un llamado por el actuar de la fuerza pública.

El documento, conocido el viernes 24 de marzo, está dirigido al Gobierno nacional y se manifiesta la preocupación por una supuesta estigmatización de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y varios reporteros que hicieron cubrimiento de estas manifestaciones. También, se mostró inquietud por el uso de leyes y conceptos jurídicos “indeterminados y abstractos” en el derecho penal, y una “interpretación extremadamente amplia” del crimen de terrorismo para perseguir y judicializar manifestantes.

“Recordamos que los delitos que no reúnen los elementos para ser calificados de ‘terroristas’, independientemente de su gravedad, no deben ser abordados por la legislación antiterrorista. Sólo las conductas de ‘carácter verdaderamente terrorista’ pueden ser identificadas como tales en la legislación”, aclararon los relatores en el informe.

En ese sentido, los relatores hicieron un llamado de atención por supuestas irregularidades de la Fiscalía al momento de determinar a las primeras líneas como una estructura criminal, lo cual —según el informe— ha motivado a la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad por parte de jueces.

También señalaron que, sumado a estas determinaciones, les han llegado denuncias de que procuradores judiciales partícipes de las medidas de aseguramiento asumieron “un papel de coadyuvancia del ente acusador y respaldan la petición de la Fiscalía, en aras del supuesto peligro que representan las personas imputadas para la sociedad”. Esto, de acuerdo con los relatores de la ONU, afecta materialmente la independencia de los abogados involucrados en los procesos.

Alegaron que también abogados y defensores de derechos humanos involucrados en los procesos han recibido amenazas, criminalización, estigmatización y seguimiento por su labor de promover la defensa de quienes están judicializados y por defender a las víctimas.

El uso de la vida privada de mujeres como material investigativo

En el informe, los relatores y el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas expusieron casos como los de Karina Reyes Varela y Katherine Bermeo, que fueron detenidas por su participación en esas protestas y sobre quienes la Fiscalía mostró conversaciones y órdenes médicas como “pruebas” para sustentar una medida de aseguramiento contra ellas.

En el caso de Reyes Varela, la Fiscalía exhibió que ella tenía una relación simultánea con un integrante de la primera línea y un oficial del Ejército. De acuerdo con la denuncia de esta mujer, el organismo de control habría presentado conversaciones telefónicas privadas sostenidas con este último como evidencia para pedir la medida de aseguramiento bajo el argumento de que “podría obstruir la justicia”.

Por otra parte, Bermeo fue detenida dentro de los allanamientos hechos por las autoridades en Bogotá el 28 de abril de 2021. Seis días atrás, la joven había dado a luz a su hija, quien padece una condición médica especial. Con todo y eso, fue trasladada a la URI de Puente Aranda. Allí, manifestó sentir molestias debido al parto, pero alegó no recibir la atención médica adecuada.

Si bien le permitieron el ingreso de un extractor de leche materna, no le brindaron el espacio indicado (con las condiciones de privacidad necesarias) para hacer ese procedimiento. Además, señaló que a pesar de su condición tampoco la ingresaron a un sitio que le permitiera asearse y mucho menos con las medidas de privacidad que necesitaba.

Bajo ese panorama, el informe le pidió al Gobierno nacional acatar una serie de recomendaciones, dentro de las que se incluyeron la entrega de información sobre las medidas adoptadas para garantizar el debido proceso, una defensa efectiva y un juicio imparcial para los jóvenes procesados.

También, solicitaron una explicación sobre la forma en que son definidos los delitos terrorismo y concierto para delinquir en la actual legislación, así como información sobre los mecanismos impuestos por la Fiscalía y los jueces de garantías “para prevenir el uso de tipos penales, como terrorismo y concierto para delinquir, que pueden resultar desproporcionados para perseguir penalmente posibles hechos de violencia que pudieron darse en las protestas”.