Plan Nacional de Desarrollo pasó en primer debate en las comisiones económicas

Las comisiones económicas de Senado y Cámara del Congreso aprobaron, el jueves 23 de marzo de 2023, en primer debate, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Gobierno del presidente Gustavo Petro, hoja de ruta para el cuatrienio que plantea inversiones por $1.153 billones.

Fueron tres días de votaciones de los 358 artículos que contiene el proyecto, y en la jornada del día de hoy los parlamentarios votaron los últimos 12 artículos del documento y hundieron uno de los artículos que más dolores de cabeza había generado en los últimos días, puesto que no se votó a favor en ambas comisiones: el que pretendía otorgar facultades extraordinarias “para la reglamentación de condiciones de reclusión y resocialización para la población indígena privada de la libertad” (Art.160).

También se eliminó el 305 que le daba facultades extraordinarias al Ejecutivo por un lapso de seis meses, para que pudiera crear un grupo empresarial para el sector eléctrico, a través de la integración de las empresas detrás de las principales centrales eléctricas del país.

Así mismo, también se cayó el apartado que le daba vía libre a la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (308) y también el artículo que le daba vida a una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, hecho frente al cual el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, había llamado la atención más temprano en el día.

“El gobierno pretendía crear una agencia súper poderosa para monitorear la Red y manejar la información personal de los colombianos. Con el pretexto de la seguridad digital iban a meterse en la intimidad y privacidad de lo ciudadanos”, trinó el parlamentario de oposición poco después de votado este artículo.

También quedó descartado el artículo 309, que otorgaba al presidente facultades para “fusionar, modificar o liquidar los fondos cuenta con o sin personería jurídica o los patrimonios autónomos administrados por órganos o entidades del Presupuesto General de la Nación”.

Y tampoco se aprobó el artículo 266, que proponía la creación del Fondo de la Igualdad y la Equidad (Fonigualdad) como un fondo cuenta sin personería jurídica administrado por el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. A este respecto los congresistas se refirieron a la falta de claridad en cuanto a la destinación de los recursos que manejaría dicho fondo.

Por su parte, se aprobaron los artículos 95, 226 y 265, con relación al Fondo Cuenta del Mindeporte, la bolsa pensada para financiar los pactos territoriales y también el Fondo Potencia Mundial de la Vida, que financia diversos proyectos del Plan Nacional de Desarrollo.

Los reparos al PND

Entre varios parlamentarios de oposición que han llamado la atención sobre este Plan Nacional de Desarrollo, en el transcurso de la semana tanto el fiscal General de la Nación, Franciso Barnosa, como la procuradora, Margarita Cabello Blanco, también le hicieron criticas al articulado.

Por ejemplo, la procuradora Cabello había dicho que “la autorización para que celebren contratos directamente con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de lo que se denomina la economía popular y comunitaria, a través de unas asociaciones públicas; sin reglas específicas y normativas”, era una perla enorme del PND, en tanto que permitiría desviar la vigilancia y la regulación de dineros públicos por medio de estas figuras.

Por su parte el fiscal, Francisco Barbosa, llamó la atención sobre dos artículos que podrían dar vía a la exacerbación de la corrupción en el sector público: el 82 y el 83.

Con relación al primero, por ejemplo, señaló que la nueva figura que propone el Gobierno de Asociaciones Público-Populares podría abrir una puerta preocupante a los temas de corrupción y hasta justificación a personas que ya han sido o están siendo investigadas por este tipo de crímenes.

“Cuando apliquen normas de ese nivel, seguramente aparecerán retroactividades y corruptos que han sido condenados por esas conductas y van a decir: yo pertenezco a una organización social, y como pertenecí a ella me tienen que echar para atrás decisiones judiciales”, dijo el fiscal como lo citó El Tiempo.