Al Cantón Norte del Ejército Nacional en Bogotá llegaron miembros de la Policía y la Fiscalía para capturar a dos suboficiales señalados de haber cometido actividades delictivas con el equipamiento militar. Al parecer, habrían realizado un allanamiento sin orden judicial.
El Comando del Ejército Nacional informó que la captura se realizó por orden del juez penal militar 79 que lleva la investigación en contra de los dos suboficiales, quienes enfrentan un proceso por los delitos de falsedad idónea en documento público, peculado por uso y abandono del puesto.
La investigación se habría realizado por labores de Contrainteligencia Militar que preliminarmente estableció que “los capturados al parecer estarían vinculados con el uso indebido del parque automotor de la institución para acciones delictivas”.
“Estos resultados se obtienen gracias a la colaboración armónica entre las instituciones y las capacidades con las que cuenta el Ejército Nacional, a través de las labores de contrainteligencia que se llevan a cabo de forma permanente, dentro de la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción”, señaló el Comando.
Al parecer, ambos suboficiales se habrían desplazados desde el municipio de Cisneros, en Antioquia, hasta Coyaima en el Tolima, según conoció Semana. Habrían convencido a personal del Gaula Militar para acompañarlos en un allanamiento a un inmueble sin orden judicial.
El propietario de la vivienda ubicada en el corregimiento de Castilla habría denunciado el hecho por hurto porque aseguró que durante la diligencia, que no tenía ninguna validez judicial, se le perdieron elementos de valor.
El Ejército no informó la identidad de los capturados, pero según el diario El Tiempo, se trata de Édgar Librado Santos James y Camilo Andrés Gracia Rojas, que tenían el grado de sargentos segundos y se encontraban activos en la institución al momento de su captura.
A raíz de estos hechos, confirmó el Comando del Ejército Nacional, se dará inicio a las investigaciones internas correspondientes.
Otra investigación a miembros del Ejército
Cinco militares fueron enviados a prisión con medida de aseguramiento por estar vinculados a un hecho de corrupción en el departamento del Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación los acusó de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Se trata de un contrato que se suscribió en diciembre de 2020 por seis millones de pesos ($6′000.000) para el suministro de combustibles, diésel, grasas y lubricantes para vehículos de Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 3 del Ejército Nacional (BITER 3), ubicado en el municipio de Zarzal.
Las autoridades identificaron que en la ejecución del contrato, hubo tanqueo de carros particulares por fuera de los 30 días de vigencia del contrato, prolongándose hasta la fecha, así como se realizó cambio de aceite a motocicletas, pese a que ni siquiera estaba contemplado pero fueron legalizados posteriormente por el Batallón para asumir los costos.
Se tarta del teniente coronel Rafael Ignacio Sosa Gile, comandante del BITER 3; mayor Walter Andrés Clavijo Navarro, segundo comandante del BITER 3; capitán Julián Leonardo Suárez Cárdenas, jefe de Logística; sargento segundo Víctor Alfonso Luna Galindo, jefe de Transportes; sargento viceprimero Whender Esthid Pérez Quintero, jefe de Transportes. A ellos se suman dos civiles, Cristian Alfredo Posso Moreno, contratista; Diego Alberto Urdinola Vélez, administrador de estación de servicio.
El teniente Sosa Gile habría adicionado las irregularidades en las actas de los contratos, según señaló la Fiscalía. Los cinco militares fueron enviados a prisión, mientras que los dos civiles, uno de ellos deberá permanecer en la vivienda mientras que el otro estará en libertad, pero vinculado al proceso.
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