Ataques en Tarazá fueron responsabilidad del clan de Golfo, confirmó el director de la Policía Nacional

Tras los ataques registrados en Tarazá, región del Bajo Cauca (Antioquia), las últimas horas del domingo, 12 de marzo, en los que hombres encapuchados incineraron el peaje a la entrada del municipio y rompieron un tubo de agua potable que abastece a más de 48 mil personas; el general Henry Sanabria, director de la Policía, confirmó que quienes están detrás del “falso paro minero” –llamado así por el gobernador Aníbal Gaviria– y sus desmanes son los integrantes del Clan del Golfo.

“Tenemos la cadena de instrucciones que se dieron, en donde se indica ‘afecten el acueducto para que no les llegue agua a los policías’, eso lo tenemos registrado por inteligencia y policía judicial”, declaró, en una entrevista concedida para Blu Radio.

Desde que inició el paro minero, hace unas semanas, actores, hasta ahora desconocidos, habían estado realizando operativos de destrucción, retenido a trabajadores de empresas mineras, restringido el paso de ambulancias y camiones de carga y bloqueando las vías del Bajo Cauca con gigantescos árboles.

Sin embargo, tras las declaraciones del general Sanabria, logran confirmarse las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro a través de su canal habitual de comunicaciones, Twitter: “Afectar el agua potable de una ciudad –reprochó el mandatario– es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El clan del golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”. Mismo que, en un principio, iróa del 1 de enero al 30 de junio del 2023.

Y es que, no solo utilizarían sus hombres para cometer desmanes y presionar al Gobierno –esperando poder continuar con sus actividades de minería ilegal en esta zona del país– sino también estarían pagándoles entre 50 mil y 80 mil pesos a los jóvenes que habitan los municipios del Bajo Cauca, dependiendo del daño que logren provocar durante las “manifestaciones”.

Esto, sin duda, ha puesto un punto final en el acuerdo del cese bilateral, puesto que, tal y como indicó el mandatario: “El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la Justicia que se estaba preparando jurídicamente, parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en esos negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación”.

Hasta el fin de semana (11 y 12 de marzo), más de 250 mil personas en 16 municipios permanecían confinadas en sus casas por cuenta de la violencia, los toques de queda y los múltiples bloqueos en calles y carreteras. Enfrentando, además, el desabastecimiento de medicamentos, oxígeno y alimento, pero, de acuerdo con las declaraciones del director de la Policía, las fuerzas armadas retomaron el control de las vías “desde las 8:00 p.m. (13/03/2023), una caravana en el municipio de Yarumal hasta Montería llegó a las 3:00 a.m. sin ningún contratiempo”.

Lo anterior, gracias al consejo de seguridad que lideró el presidente en Montelíbano, al sur de Córdoba, junto al ministro de la Defensa, Iván Velásquez y las autoridades de orden nacional, departamental y municipal.

Antes de conocerse el material probatorio, revelado por la Policía, Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, ya insistía en que el Clan del Golfo era responsable por los hechos de violencia registrados en el Bajo Cauca durante lo que va del paro; es decir, la creciente amenaza por desabastecimiento, cientos de camiones retenidos, médicos que no han podido desplazarse a su lugar de trabajo y dos víctimas mortales.

Una corazonada que, hoy, después de una creciente escalada de tensión y violencia, por fin pudieron confirmar, junto al presidente, quien, a pesar de su política de paz total, no dudo en anunciar el rompimiento del cese al fuego e intensificar la presencia del personal de las Fuerzas Armadas para retomar el control de la zona.