Fiscalía suspendió órdenes de captura en contra de 19 disidentes bajo el mando de ‘Iván Mordisco’

Hacia el mediodía del lunes 13 de marzo, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, suspendió las órdenes de captura en contra de 19 disidentes que dirige alias Iván Mordisco con el fin de adelantar acercamientos para negociar un proceso de paz con las Disidencias de las FARC en el marco de la Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El 21 de febrero desde la presidencia de la República le solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que suspendiera las órdenes de captura en contra de alias Iván Mordisco y también de los cabecillas de las disidencias que estaban bajo las órdenes de él.

“Llegó una resolución de Presidencia solicitando el levantamiento de órdenes de captura, ninguna de ellas con fines de extradición, de disidentes de las Farc, hablan puntualmente del ‘Estado Mayor Conjunto’ de las Farc. Estamos analizando el documento, estamos estudiándolo”, señaló el fiscal Francisco Barbosa en su momento.

La solicitud de la Presidencia se dio en el marco de una reunión entre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde el jefe de la entidad investigadora señaló que –si bien apoyaba el proyecto de la Paz Total– no estaba de acuerdo con el articulado total, por lo cual mostrarían sus objeciones de forma constructiva.

Una de las inquietudes de Barbosa era en qué condiciones se iba a negociar con las Disidencias de las Farc luego que en el gobierno de Juan Manuel Santos sus integrantes firmaran el Acuerdo de Paz de la Habana. “Estamos a la espera de una respuesta. En ese orden de ideas, eso es lo que tenemos y tomaremos las decisiones que toque tomar”, añadió Barbosa.

Danilo Rueda habló sobre el papel de la Fiscalía y los jueces en el proceso de sometimiento de los grupos armados

El alto comisionado para la Paz, habló con El Tiempo sobre el proceso y explicó algunos de los puntos: desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto; cárcel efectiva para estas personas, menos tiempo de privación efectiva, pero con privación de libertad en la cárcel; justicia ordinaria y compromisos de entregar información, reparar a las víctimas; entrega de los bienes y desmantelación de las organizaciones delictivas.

Durante su intervención en el espacio periodístico, dejó en claro que, pese a que el Gobierno se encuentra impulsando este proceso que permitiría la dejación de armas de muchos de los grupos que hoy se encuentran atentando contra la seguridad del país y reproduciendo el delito de narcotráfico, el papel de la rama judicial es fundamental para que este proceso sea exitoso.

Danilo Rueda explicó que, en cuanto a los años de condena, su referente fue la ley 975 del 2005, que se habló para la desmovilización de los paramilitares, que en ese momento agrupaban en las AUC. En este sentido, su propuesta es que los que reconozcan sus delitos podrían pagar de 6 a 8 años, además de 4 años adicionales de vigilancia de un ejercicio de restauración de los daños causados. En esta misma línea, el alto comisionado para la paz hizo énfasis en que estos miembros y grupos deben seguir un proceso.

“Si los miembros de estas estructuras desean sujetarse a la ley y aportar en la consecución de estos objetivos, tienen que iniciar un proceso de varias fases, que están contempladas en esta ley. La primera de ellas es el acercamiento y conversaciones, esta fase la lidera la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; posteriormente, les corresponde actuar en derecho a la Fiscalía y el sistema judicial en su conjunto”, anotó Rueda al diario colombiano.