Madres que estén en las cárceles podrán salir hasta 20 horas semanales para atender sus hogares: esto es lo que dice la ley firmada por el presidente Petro

El Día Internacional de la Mujer, las madres cabeza de familia que se encuentran presas en las cárceles del país hurto o cultivo y tráfico de drogas recibieron la posibilidad de acceder a un beneficio judicial. Entró en vigencia la ley que les permite sustituir sus condenas con servicios de utilidad pública, para visitar sus hogares semanalmente.

La ley fue aprobada por el Congreso en 2021, pero el presidente Iván Duque la objetó. Es decir, le dijo a la Corte Constitucional que ese proyecto chocaba con otras leyes, principalmente, porque los delitos asociados al narcotráfico debían ser sancionados con privación de la libertad y no se reconocía el mismo beneficio a los hombres violando el principio de igualdad.

La Corte desestimó los argumentos al declararlos infundados por lo que dio vía libre a su sanción. Todo ese trámite permitió que el presidente Gustavo Petro, como lo reconoció durante el acto de firma de la nueva ley, hubiese votado por el proyecto como senador y lo expidiera como jefe de Estado. “Qué paradoja, no lo sabía en ese momento”, dijo el mandatario.

“Quizás, la mujer presa es la más excluida de todas porque sufre todas las exclusiones juntas que sufren todas las mujeres”, afirmó Petro y agregó que el proyecto de ley busca evitar que, “si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crezcan sin afecto y muchos, en el futuro, se conviertan en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá”.

La ley busca que las mujeres condenadas por delitos de hurto simple y agravado; cultivo de plantas ilícitas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes o destinación ilícita de muebles o inmuebles, con penas de prisión menores a 8 años, puedan sustituir las condenas por salidas temporales a sus hogares.

El beneficio se otorgará a mujeres que estén condenadas por su primer delito o no hayan cometido ninguno doloso en los cinco años anteriores a la comisión de este, que procedan en prisión domiciliaria, que sean madres cabeza de hogar y que logren probar que en el momento en que cometieron la conducta punible se encontraban en condiciones de marginalidad que afectaban la manutención del hogar.

El proyecto de ley consideraba que la política criminal de las drogas se había centrado en personas vulnerables de la cadena del narcotráfico, como los cultivadores y expendedores, que suelen ser mujeres. En diciembre de 2020, el 44,2% de las mujeres se encontraba en prisión por este delito típico de posesión. Además, cuando estas son privadas de la libertad, se produce una afectación en el hogar, debido a su rol de cuidado.

Así las cosas, el proyecto propone que las mujeres, por petición de la defensa o de oficio, que cumplan las condiciones, puedan recibir entre 5 y 20 horas semanales para salir de prisión y visitar sus hogares, donde cumplirán sus labores que serán reconocidas como servicios de utilidad pública.

“Que las presas se junten con sus hijos, liberadas, que el amor se pueda producir y no sea interrumpido por las cadenas; quitar esas cadenas entre el amor es lo que nos permite ser una mejor sociedad, que se pueda empezar a construir la igualdad entre la mujer y el hombre si liberamos a la mujer de la cárcel”, sostuvo el presidente Petro durante la sanción de la ley.

El INPEC señaló a la Corte Constitucional que para el 31 de enero de 2022, había 6.698 mujeres privadas de la libertad, de las cuales 4.093 (61,1%) estaban condenadas. De ellas, 2.715 con pena de prisión inferior o igual a 8 años. La cuales se encontraban 1.943 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que corresponde al 29,0% del total de mujeres en establecimiento de reclusión y al 47,5% de las condenadas.