La Procuraduría General de la Nación abrió una indagatoria contra el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, debido a los hechos ocurridos en San Vicente del Caguán (Caquetá), en los que resultaron dos personas muertas, otras heridas y 79 policías secuestrados.
El organismo indagará si hubo faltas disciplinarias en este caso, luego de conocer detalles de prensa en Semana y El Colombiano con respecto a estos hechos.
De acuerdo con la Procuraduría, la Sala Disciplinaria de Instrucción encontró que “si bien es cierto se hace expresa referencia al actuar de dos funcionarios concretos, Alfonso Prada e Iván Velásquez, como ministros del Interior y de Defensa Nacional, respectivamente, como servidores que habrían podido incurrir en conductas de posible relevancia disciplinaria, no es menos cierto que existe una indeterminación fáctica que se torna necesario precisar a partir de la indagación previa que, como se indicó, prevé, entre otros, este tipo de finalidades”.
Cuatro pruebas
A su vez, ordenó varias pruebas.
La primera es practicar inspección disciplinaria al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de obtener copia de todos los documentos, correos electrónicos y ordenes impartidas con relación a la situación de orden público que se presentó en San Vicente del Caguán. De igual forma, se verificará si el ministerio tenía información previa relacionada con estos hechos, tales como informes de inteligencia de alguna de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.
En tercer lugar, practicar inspección disciplinaria a la Dirección General de la Policía Nacional con el fin de obtener copia de todos los documentos, correos electrónicos y órdenes impartidas con relación a la situación de orden público que se presentó en San Vicente del Caguán. De Igual forma, se verificara si esta dependencia y/o alguna otra como la Subdirección de la Policía o la Dirección de Seguridad Ciudadana tenía información previa relacionada con estos hechos, tales como informes de inteligencia de alguna de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.
La cuarta prueba habla de practicar inspección disciplinaria al Comando del Ejército Nacional, con el fin de obtener copia de todos los documentos, correos electrónicos y órdenes impartidas con relación a la situación de orden público que se presentó en San Vicente del Caguán. De igual forma, se verificará si esta dependencia y/o alguna otra tenia información previa relacionada con estos hechos, tales como informes de inteligencia respecto a lo acontecido.
Omisión y negligencia
Es de anotar que tras los hechos que crearon una gran alarma a las Fuerza Pública, la procuradora Margarita Cabello señaló que hubo omisión y negligencia, tanto por el ministro de Interior, Alfonso Prada, como por la Policía, pues, no atendieron la situación que posiblemente se habría podido evitar.
Solo unas horas antes de formalizar la indagación, Cabello dijo a El Tiempo que esta se haría porque se habría advertido que venía un hecho conflictivo en la zona de Los Pozos.
Además, en la misma línea de otros miembros de la política colombiana, la encargada de la Procuraduría señaló que las afirmaciones del ministro del Interior, que fueron filtradas, en las que se escucha decir que lo que le ocurrió a los miembros de la fuerza pública y los civiles no fue un secuestro, sino un cerco humanitario que “impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa”, además, de señalar que no serán investigados los miembros de la comunidad, son irresponsables y que no se estaría respetando la separación de poderes.
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