Por paro minero en el Bajo Cauca extienden toque de queda en La Apartada, Córdoba

Desde el 2 de marzo el Bajo Cauca vive en la incertidumbre por el paro indefinido, al que convocaron trabajadores mineros de la zona, por la reactivación de los operativos del Gobierno nacional contra la minería ilegal.

El paro minero del Bajo Cauca, dicen sus organizadores, se mantendrá hasta que haya una comunicación con el Gobierno nacional. En ese escenario, la manifestación, que comenzó siendo pacífica ante las medidas del Gobierno contra el trabajo ilegal, terminó en disturbios contra la Fuerza Pública, atacando a los uniformados y establecimientos públicos.

Uno de los municipios más afectados por las protestas ha sido La Apartada, Córdoba. La alcaldía municipal, después de un concejo de seguridad, en el cual estuvieron presentes las diferentes autoridades del municipio, decidió extender el toque de queda nocturno hasta el lunes 6 de marzo, con el fin de prevenir alteración del orden público.

Así las cosas, se prohíbe la circulación de personas dentro del municipio de La Apartada hasta el lunes 6 de marzo de 2023, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Según el comunicado de la Alcaldía de La Apartada del toque de queda se encuentran exceptuados, “las autoridades administrativas y de policía que por función del servicio deba realizar actividades entre estas horas. También queda exceptuado el personal médico que laboran en municipio o que transiten por la jurisdicción”.

Por su parte, el comandante de la Policía de Tránsito y Transportes del Departamento de Policía de Córdoba, capitán Eduardo Naranjo, recomendó a los viajeros, que habitualmente usan la vía hacia Medellín por Caucasia, que tomen la vía alterna por el Urabá.

Desde el lado de los manifestantes, se declaró que, si no hay acuerdos, es posible que el paro se prolongue por varios días y sus consecuencias pueden ser graves.

Ante esta situación, el sábado 4 de marzo, la Procuraduría General exhortó al ministro del Interior y el ministro de Defensa, la intervención y atención inmediata frente a los actos de vandalismo que se presentan en medio de las protestas por el retorno de los operativos policiales en contra de la minería ilegal.

En su comunicado, el Ministerio Público alertó con preocupación que la escalada de violencia y los hechos de vandalismo que se registran en la zona, están impidiendo la libre movilización de la comunidad y demás derechos de las poblaciones, por el bloqueo de vías terrestres y fluviales, generando afectaciones a la misión médica y el cierre del comercio en gran parte de la subregión, lo que está llevando al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad.

Por último, el órgano de control rechazó los actos violentos a la infraestructura pública y privada, por lo que instó a los jefes de las carteras ministeriales, a atender de manera urgente la grave situación de orden público:

La protesta minera en el Bajo Cauca no solo sería impulsada por los trabajadores del sector para presionar al Gobierno a negociar sobre las labores ilegales, sino que tendría grupos armados apoyándolos. Según la Gobernación de Antioquia, al parecer, el Clan del Golfo habría infiltrado la manifestación, en los bloqueos en las vías y posiblemente en los ataques a la Alcaldía de Caucasia.