La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP anunció que la Fuerza Pública sería responsable del reclutamiento forzado de menores de edad, quienes serían utilizados dentro de sus planes de acción en el marco del conflicto armado hasta el año 2016, antes de la firma del Acuerdo de Paz.
Según información entregada por el tribunal, fue posible conocer estos casos luego de que se pusiera en marcha una investigación en relación con el uso de niños y niñas por las Fuerzas Públicas en el país. En este sentido, se encontró que el 81% corrió por cuenta del Ejército Nacional y se registraron 94 casos.
El punto más alto en el que se produjo el reclutamiento forzado a los menores se habría generado entre los años 2006 y 2009. Además, también la JEP encontró que el 87% de los casos correspondía al reclutamiento ejercido por parte de hombres. Los casos se habrían presentado en los departamentos del Cauca con un 28%, seguido por el Valle del Cauca, Nariño y Antioquia.
“Luego de un ejercicio preliminar de contrastación con más de 13 millones de registros procesados, el Grupo de Análisis de Información (Grai) de la JEP identificó a 94 víctimas únicas de reclutamiento y utilización, cuyo presunto responsable es un agente del Estado. Estas victimizaciones ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016″, señaló la JEP.
Cabe resaltar que el hallazgo de la información se obtuvo a través de informes entregados por entidades del Estado, así como organizaciones de víctimas. Se revisó un total de 75 fuentes diferentes y tras la verificación, se encontró que la cifra de víctimas con las que iniciará indagaciones es de 94 casos hasta ahora identificados.
La JEP también dio a conocer que se hizo una solicitud al caso 08, crímenes ejercidos por la Fuerza Pública o en alianza con paramilitares, para que se inicie una investigación con base en diferentes relatos que acusan a las fuerzas sobre hechos de violencia.
Estos estarían en relación, principalmente, con actos de captura, desvinculación, desmovilización y conducción de combates. Los relatos corresponden a versiones que señalan que el Ejército habría violado el DIH durante la “Operación Berlín”.
Desde el tribunal, señalaron que:
“Entre estas remisiones se incluyen hechos ocurridos en la llamada “Operación Berlín”, caso emblemático, en donde en medio de operativos militares, se registraron actos de violencia por parte de miembros de la Fuerza Pública, como malos tratos y asesinatos, en contra de niños y niñas reclutados por las antiguas Farc-EP”.
Durante el avance, la JEP señaló que hasta el momento solo cinco personas han acudido al tribunal y se han acreditado como víctimas de reclutamiento forzado por parte de la Fuerza Pública. Es por ello que hizo un llamado para que las víctimas se acerquen y den cuenta de los casos cometidos. Señaló que se solicita:
“... a las organizaciones de víctimas que participan en el Caso 07 para que, por su conducto, se invite a las víctimas de hechos de reclutamiento y utilización que estén relacionados con acciones de la Fuerza Pública, y que deseen participar en el Caso 07, para que soliciten su acreditación en el marco de este caso y puedan, así, aportar información y participar en el desarrollo de la investigación de estas conductas”
Reclutamiento forzado de menores a manos de las Farc
Según la información presentada por la JEP, a la fecha se han acreditado 579 víctimas individuales que habrían sido reclutadas por parte de las Farc en el marco del conflicto armado en el país. A partir de la información que han entregado las víctimas, se ha podido conocer que algunas de ellas sufrieron violencias directamente por el Estado, entre las que resaltan torturas y capturas.
A partir de esto, el tribunal de la JEP inició una revisión de 363 expedientes de víctimas, en los que 26 de ellos se remitieron al Caso 08 que recoge los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y el Estado.
Requisitos para que víctimas puedan acreditarse en el Caso 07
La JEP también dio a conocer los requisitos que deben cumplir las víctimas para acreditarse en este caso. El primer punto indica que deben manifestar su interés por ser acreditado como víctima, seguido de un relato a detalle de los hechos victimizantes en los que se brinde información acerca de la época y el lugar en el que tuvieron lugar.
Finalmente, se solicita tener una prueba que permita demostrar su calidad de víctima. Sin embargo, en caso de que no se cuente con dicho documento, se revisará la posibilidad de “una entrevista a profundidad”.
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