La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), presentó el informe de violencia político-electoral (primero de este tipo), el cual le hace seguimiento a los casos de violencia en situaciones donde las personas hacen uso de sus derechos políticos. El documento es de gran relevancia, pues empezó a analizarse desde el 29 de octubre del 2022, o sea que estudiará por completo un año que culmina con las elecciones territoriales, las cuales se celebrarán ese mismo día, pero del 2023. En los primeros cuatro meses ya revela cifras preocupantes, pues se contabilizan casos de asesinatos, atentados y amenazas.
Pares define la violencia político-electoral como aquellos eventos ejercidos contra un individuo o colectivo, los cuales estén haciendo uso de sus derechos políticos, puntualmente en el marco de una contienda electoral.
Desde el 29 de octubre del 2022, cuando comenzó la observación, y se da el inicio del calendario electoral para elegir: gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradores locales; hasta el 28 de febrero del 2023, la entidad ha registrado a 64 víctimas de violencia electoral, violentadas en 41 eventos.
A pesar que faltan ocho meses para la contienda electoral, Pares asegura que conforme se acerquen las votaciones, irán aumentando los casos y la violencia en general:
En 19 de los 32 departamentos se han presentado casos de violencia electoral
Por tomar referencia, en el informe se destacan cuatro hechos violentos, los cuales han afectado a periodistas, militantes de partidos políticos, congresistas y hasta la vicepresidente. El 29 de octubre del 2022, se registró un atentado contra la senadora caucana Aida Quilcué. El hecho se cometió luego de una serie de amenazas contra su vida. Hasta el momento las autoridades han detenido a alias “Chinga”, señalado de participar en el crimen.
Otro de los eventos fue el asesinato de Wilder Alfredo Córdoba, periodista que fue ultimado en el municipio de La Unión, Nariño, en noviembre del 2022, mientras ejercía su labor. Días después del crimen, mataron a dos miembros del Pacto Histórico en Magangué, población del departamento de Bolívar.
Dentro de los 41 hechos victimizantes, se contabilizaron 64 víctimas, de las cuales 11 fueron asesinadas, 10 sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas. Los departamentos con más víctimas fueron Santander con 20, Bogotá con 7, Nariño con 5, Antioquia y Cauca ambos con 4.
La Fundación Paz y Reconciliación no ha podido establecer en su mayoría quienes son los responsables de los crímenes, no obstante, de los que si se conocen destacan: el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Los movimientos de coalición (como el Pacto Histórico), el Movimiento Significativo Ciudadanos, el MAIS y el Partido Liberal, son los más atacados dentro de la más reciente revisión.
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