Procuraduría formuló pliego de cargos contra exfuncionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por irregularidades contractuales

El 15 de febrero la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Ingrid Yaneth Mejía Chaparro, que entre 2017 y 2018 fue la vicepresidente administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por posibles irregularidades en el pago de varios contratos de prestación de servicios.

Junto a Mejía Chaparro, le fueron formulados pliego de cargos a los entonces vicepresidentes técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Carlos José Rodríguez Taborda, que ocupó el cargo entre 2018 y 2020; Ómar Alonso Mejía Tette, que estuvo en la entidad entre 2017 y 2018. También se le formuló pliego de cargos Arnoldo Morales Delgado, que entre 2017 y 2018 fue el vicepresidente de la Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participaciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, los cuatro exfuncionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos habrían firmado varios contratos de prestación de servicios en los que se pagaron valores diferentes a los establecidos en la tabla de nómina de la entidad. Se tratarían de 38 contratos.

En 21 de estos contratos, según se pudo evidenciar en las investigaciones, se habrían pactado montos superiores a los fijados en la Tabla de Perfiles y Honorarios de los bilaterales de prestación de servicios profesionales, en detrimento del patrimonio estatal. Los 17 contratos restantes estarían por debajo de lo estipulado en el señalado documento, afectando al contratista.

A juicio de la Procuraduría, estos contratos se habrían pactado de manera discrecional desatendiendo “(…) la tabla salarial debidamente definida por la entidad que le establecía los valores, por lo que estos no podían ser determinados de manera caprichosa”. Conducta que fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.

Procuraduría sancionó a expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con una multa de $83 millones de pesos

El 9 de febrero se conoció que José William Garzón Solís, exvicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fue sancionado a título de culpa grave por la Procuraduría General de la Nación con la multa de $83.810.436 millones, por irregularidades en el proceso de comprobación de la viabilidad técnica de la perforación del pozo “Las Lauras” de las cuencas, ubicado en San Jacinto, Bolívar.

Según el informe, el exvicepresidente “vulneró los principios de contratación estatal, especialmente el de responsabilidad, cuando en la etapa precontractual del negocio jurídico 294 del 2015, no exigió que se adelantaran los estudios previos geológicos que buscan especificar las coordenadas de los pozos y la viabilidad de las perforaciones”.

Esto se justificó por el funcionario como una “optimización de tiempo, recursos y una mayor consecución de hidrocarburos en la zona”, o de planeación, estrategia y gestión de los recursos financieros que estarían dirigidos a la ejecución del proyecto. Además, también dejó por fuera las disposiciones sobre la maduración de los proyectos con el fin de determinar las coordenadas de los pozos que se requerían, razón refleja el incumplimiento de sus deberes como funcionario.

Exliquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes acusada de irregularidades en la entrega de bienes a la SAE

El 15 de febrero también se conoció que la Procuraduría General de la Nación, oficialmente, le formuló pliego de cargos a María Mercedes Perry Ferreira, la gerente liquidadora de la Dirección Nacional del Estupefacientes (DNE), por presuntos irregularidades en la entrega de bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Los hechos se presentaron durante el año 2014. Para esa entonces María Mercedes Perry se comprometió con la gerente liquidadora estatal Fiduprevisora S.A a entregar los bienes del extinto DNE a la SAE. Estas funciones se adelantaron a través del software Faro, el cual fue reemplazado por Matrix. Es aquí donde empezaron los inconvenientes, pues la funcionaria empezó a dilatarse en el proceso, porque supuestamente el programa no funcionaba.

El ente público asegura que la presunta irregularidad puede ser considerada como una falta disciplinaria objeto de investigación fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.