Máximo 8 años de cárcel y quedarse con el 6% de las ganancias del narcotráfico: algunas de las polémicas propuestas de la ley de sometimiento

20 páginas y 54 artículos componen el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de grupos criminales de alto impacto, que el Gobierno nacional presentó al Consejo Superior de Política Criminal, a la espera de su concepto para posteriormente radicarlo ante el Congreso de la República.

Se trata de una reforma al marco normativo, establecido en el Código de Procedimiento, propuesta por el Gobierno para facilitar el desmantelamiento de organizaciones como El Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, Los Shottas y Los Espartanos, entre otros.

La iniciativa otorga un plazo de dos años para que los integrantes de las bandas criminales se sometan a la justicia mediante la suscripción del acta individual de sujeción y garantías de no repetición, y una ampliación de un año en caso de que el presidente de la República así lo disponga.

Los miembros de los grupos criminales que se sometan a la política de la Paz Total pagarían penas entre seis y ocho años. No obstante, quienes no se puedan acoger al principio de oportunidad, se les aplicará la pena establecida en el Código Penal. Adicionalmente, a la pena alternativa propuesta en el proyecto de ley se le sumaría un componente restaurativo.

Estos beneficios también podrán ser aplicados a miembros de las bandas criminales que estén actualmente detenidos, por lo que tanto las condenas como los procesos que tengan en contra desde antes de que se hayan sometido, se cobijarán bajo la medida.

De igual forma, el proyecto de ley define cuáles serán las estructuras que se podrán someter a la política de Paz Total. “Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.

En el texto también se mencionan los compromisos a los que se deberían acoger estas estructuras para recibir los beneficios: “manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición (...) la entrega de armas; la entrega de secuestrados; entrega de menores reclutados; entrega de inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura”.

El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz serán los organismos encargados de verificar el cumplimiento de estos compromisos.

Los causantes para que los integrantes de las bandas criminales pierdan sus beneficios son “retomar las armas, cometer nuevos delitos dolosos; no cumplir con las obligaciones de contribución establecidas en el artículo 11 de la presente ley; no cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración”. Además, de detectarse algún “colado”, tanto este como toda la estructura criminal perderán sus beneficios.

Por otra parte, el proyecto abre la posibilidad de que los beneficiados conserven hasta un 6% de los bienes que entreguen. Para ello, en cualquier etapa del proceso, y antes de la imputación colectiva de todos los miembros de los grupos criminales, estos deberán identificar y entregar en un inventario todos los bienes e inmuebles, que además sean monetizables o que tengan la capacidad de restaurar a las víctimas.

Aquellos bienes que sean objeto del beneficio “no podrán ser objeto de comiso o acción de extinción de dominio con posterioridad a la sentencia en firme, a menos que se demuestre que el beneficiario incumplió los compromisos contenidos en el acta de sujeción a la justicia”, dice el proyecto.

Con el inicio de la etapa de conversaciones, los grupos criminales podrán llevar a cabo actividades de reparación simbólica para las víctimas y territorios afectados que deberán ser acordadas con los mismos. El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, harán pedagogía al respecto.