Si quiere una buena celda en La Picota tiene que pagar: Corte Constitucional le ordenó al Inpec investigar irregularidades

De acuerdo con el comunicado publicado el 14 de febrero de 2023 por parte de la Corte Constitucional, la Sala Segunda de Revisión tomó la decisión de ordenar que se adelantara una investigación por el presunto cobro que se realizaría en la cárcel La Picota para la asignación de celdas.

Además de esto, señaló que se debe empezar a crear un plan para mejorar las condiciones de higiene en el centro carcelario, así como también mejorar la salubridad y emprender un control efectivo frente a la presencia de insectos y roedores en el lugar.

Esto se debió al acogimiento de la corte frente a los derechos de 36 personas privadas de la libertad en la cárcel La Picota con relación a una tutela en la que los habitantes del centro carcelario solicitaban protección por el caso de hacinamiento que se vive en el penal, además de las malas condiciones de salubridad en las que se encuentran.

Las denuncias también incluían casos de tratos crueles e inhumanos, frente a lo cual se determinó un plazo de 15 días al Inpec y a la Dirección de La Picota para que realicen modificaciones en el protocolo de seguridad en cuanto a los procedimientos de inspecciones, así como también para que se deje en claro que las requisas intrusivas están prohibidas constitucionalmente.

Sin embargo, este no sería el único problema que tendría la cárcel La Picota frente a las condiciones de vida que tienen allí las personas privadas de la libertad, también se trató el tema de obstáculos en el proceso de trámite de derechos de petición.

Para ello, la Corte ordenó al centro de reclusión y al Inpec que se realice una capacitación a las PPL y a la guardia sobre cómo se debe realizar el procedimiento para la radicación de peticiones.

Sobre los problemas de acceso a alimentación de las personas privadas de la libertad

Otro de los asuntos que ha agudizado la crisis que atraviesa la cárcel La Picota y que tiene en la mira las condiciones de vida que tienen allí las personas privadas de la libertad, gira en torno a la alimentación.

Esto se debe a que se ha conocido que algunos de ellos tienen serias dificultades para el acceso a la alimentación, caso frente al cual la Sala adoptó acciones particulares y señaló que:

“La principal afectación a las cantidades de las porciones de alimentos recibidas por las PPL se materializa en la problemática generada desde el momento que estas son liberadas por este operador en el servicio de alimentos hasta el punto de distribución o entrega final a los internos, pues es en este lapso donde las raciones están expuestas a saqueos por parte de terceros ajenos al servicio y en donde brilla por su ausencia la seguridad brindada por la guardia del establecimiento”.

Según lo mencionado por la corte, la situación no solo afectaría el acceso de algunos privados a los alimentos, sino también la calidad con la que son entregados. De ahí que resalte su importancia, señalando que se trata de un “derecho que es de protección inmediata y que no puede suspenderse o limitarse, por lo que también ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) iniciar investigaciones disciplinarias pertinentes”.

La huelga de los internos

Durante enero de 2023 se dio a conocer una huelga de hambre que quedó al descubierto con la visita del equipo de la Defensoría en la cárcel La Picota. Los internos alegaban las malas condiciones de la comida que recibían, así como retrasos en los horarios de alimentación establecidos.

Para conocer de cerca el caso, el organismo se reunió con representantes del Comité de Derechos Humanos, quienes le dieron a conocer los reclamos de las personas privadas de la libertad frente a la alimentación.

Así, señalaron en un comunicado por el Movimiento Nacional Carcelario que la huelga se debía al “pésimo servicio de alimentación que se nos suministra: productos de mala calidad, en estado de descomposición, bajo gramaje, mala preparación, no se cumplen las dietas para la población especial de enfermos, proteínas putrefactas y por fuera de horarios establecidos”.

Frente a esto, los presos solicitaron que se convocara a una mesa de trabajo que tuviera la presencia del interventor del contrato, el representante legal del contratista encargado de la alimentación, el Ministerio de Justicia, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Su reunión, según señalaron, permitiría llegar a una solución que atendiera a sus solicitudes.

En la lista de reclamos también indicaron que la tienda oficial de la cárcel, en la cual la compra se realiza con dinero depositado por familiares, no hay disponibles productos de primera necesidad, entre ellos alimentos suplementarios que contribuyen a mitigar el hambre y artículos de aseo.