Reforma a la salud: estas son las propuestas de los empresarios para la iniciativa del gobierno Petro

Para el 58% de los colombianos el sistema de salud debe tener algunos cambios. Este fue uno de los resultados que arrojó la Gran Encuesta del Sistema de Salud en Colombia hecha por Invamer para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Dicha entidad dio a conocer los resultados días antes de que el Gobierno de Gustavo Petro presentara el proyecto de reforma a la salud en el Congreso de la República el lunes 13 de febrero.

Precisamente, la Andi entregó una serie de propuestas basadas en la participación del sector privado en toda la cadena, entre las que se encuentran aseguradores, hospitales, proveedores de tecnologías, entre otros.

Esto, teniendo en cuenta de que el sistema de salud colombiano es el resultado una construcción colectiva.

“En todo caso frente a esta y cualquier reforma que se plantee, todos debemos ser capaces de responder dos preguntas: ¿Cuáles propuestas de cambio benefician a los pacientes? y ¿Son dichas propuestas sostenibles financieramente?”, comunicó la Andi.

Las propuestas son las siguientes:

Modelo de atención

• El paciente y las familias en el centro del sistema: es necesario implementar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos entre EPS y prestadores para eliminar las barreras de acceso que se generan por trámites innecesarios en autorizaciones para consultas, procedimientos, entrega de medicamentos, entre otros.
• El objetivo es simplificar y agilizar la experiencia del paciente a través del sistema y asegurar un sistema explícito de inspección vigilancia y control para su cumplimiento.
• Se requiere el despliegue de la política nacional de calidad para la atención en salud, que considere la humanización, accesibilidad, oportunidad y eficiencia del sistema, centrada en las necesidades y expectativas de los usuarios y en las realidades de los territorios.
• En la actualidad el país cuenta con un programa de acreditación de IPS que debe consolidarse mediante la implementación de un sistema de incentivos. Así mismo, se requiere crear el marco de acreditación para las EPS y las entidades territoriales.
• Se requiere fortalecer el hospital público en todo el territorio nacional, empezando por las zonas apartadas.
• Debe crearse un sistema de incentivos que inicie por el subsidio a la oferta a los hospitales cuando las condiciones territoriales lo ameriten, y que estimule la generación de capacidades y la ampliación de portafolio de servicios.
• El sistema de reconocimiento tarifario y pago a los hospitales públicos y privados debe reconocer la configuración organizacional de cada entidad, así como su estructura de costos, en virtud de los desenlaces en salud y el servicio que prestan a sus pacientes y familias.

Atención primaria en salud

• Es necesario articular a los diferentes actores de salud del territorio (entidad territorial- EPS-hospital público) a través de una política territorial que favorezca el desarrollo de la salud pública y coordine de manera eficiente y efectiva las intervenciones colectivas con la gestión individual de la población.
• Hay que fortalecer la implementación de la estrategia de atención primaria, que parta de las necesidades territoriales y asegure la ejecución de actividades de promoción y prevención y el mejoramiento en la distribución de los recursos, favoreciendo las áreas con mayores necesidades. Estas intervenciones deben focalizarse en las actividades de salud mental, seguridad alimentaria, salud ambiental, seguridad vial, acceso efectivo a tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer e infecciosas como el dengue, la malaria y la tuberculosis y otras que se consideren pertinentes, con definición y evaluación de indicadores de resultado, que permitan la generación de incentivos por gestión adecuada y buenos resultados. La reducción de la mortalidad materna y mortalidad infantil son una prioridad para el sistema de salud.
• Se propone la creación de la Comisión Intersectorial para la Gestión de la Salud Pública (CIGES) y la formulación de un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) con la hoja de ruta para la gestión intersectorial y la debida articulación entre las carteras responsables del manejo de los determinantes sociales de salud.
• Debe aprovecharse la capacidad instalada de las EPS a través de sus centros de atención primaria y ampliar esta capacidad en todo el territorio. Debe evitarse la fragmentación de la ruta de atención para el paciente.
• Es necesaria una política nacional de autocuidado en conjunto con el Ministerio de Educación para educar a la población en autogestión y hábitos de vida saludable.

Modelo de aseguramiento en salud

• El modelo de aseguramiento y las EPS han sido esenciales para el avance del sistema de salud actual. El modelo puede evolucionar, particularmente, en lo que tiene ver con el giro de los recursos (giro directo), pero no se debe desconocer las múltiples labores que realizan hoy, incluida la gestión del riesgo y agencia del paciente, la conformación de la red y la administración de la UPC (unidad de pago por capitación), que asegura la contención del gasto en salud y protege el presupuesto.
• Con enfoque regional es posible conseguir mejores eficiencias, particularmente, en las zonas dispersas. No hay necesidad de tener varias EPS en municipios pequeños. Es preferible consolidar en dos o tres EPS la atención de esos territorios, en búsqueda de eficiencias, ampliación de la red y calidad en la atención.
• Uno de los grandes aciertos del sistema de aseguramiento social que adoptó el país hace 30 años es la UPC. La cápita, que administran y gestionan las EPS para todos los colombianos afiliados al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), es por definición, el mecanismo de contención del gasto que previene el desborde del presupuesto de salud. La UPC ha sido la base de un modelo solidario y en pro de la equidad.
• Hoy esa UPC, que se entrega a las EPS por cada afiliado, se calcula en función de la edad, el género y el territorio. Esta metodología debe avanzar y sofisticarse para incluir como variable de cálculo el estado de salud de las personas (UPC por condiciones de salud). Esta modificación fomentará el equilibrio financiero y la solidaridad entre sanos y enfermos. También es necesario considerar pagos variables a los aseguradores de acuerdo con el desempeño, en términos de resultados en salud de la población afiliada.
• Es importante también asegurar que la UPC indígena reconoce a la persona sin importar si está afiliada a una EPS de dicho régimen o cualquiera otra.
• De cara al usuario, es necesario garantizar y asegurar los mecanismos para que el usuario ejerza efectivamente su derecho a la libre elección entre los prestadores que conformen la red de su asegurador.
• Las inversiones realizadas por algunos aseguradores en la consolidación de una red de prestación vinculada ha permitido eficiencias y atención directa a los usuarios. Deben fortalecerse los mecanismos de transparencia y control sobre los acuerdos de servicio entre el asegurador y el prestador. Para ello se propone un mecanismo de auditoría externa para las cuentas entre vinculados.
• Con relación a los planes de beneficios, y de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria es imperativo avanzar hacia su unificación, toda vez que persisten las inequidades en el acceso cuando se diferencia el paquete de beneficios al que accede la población del régimen subsidiado versus lo que tiene por derecho la población del régimen contributivo.

Financiamiento y sostenibilidad

• Se propone fortalecer el giro directo desde la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), mecanismo que ha operado con éxito para el régimen subsidiado y en menor proporción en el contributivo.
• Es importante asegurar que esta labor de “tesorería” concentrada en un pagador único, cuenta en la Adres con las capacidades para asumir el giro de todas las cuentas del sector. La falla en esta gestión representaría el mayor riesgo para la normal operación del sistema de salud.
• Se propone la creación de un Sistema Nacional de Cuidado Sanitario bajo la dirección del DPS (Departamento para la Prosperidad Social) o el Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para servicios conexos a la salud y con fuentes de financiamiento diferentes a los del sector salud, es decir por fuera de la UPC, con lo que se espera cuidar a las personas y sus familias de manera integral a lo largo de su vida.

Sistemas de información

• Se requieren mecanismos para implementar la interoperabilidad de la historia clínica en todo el país.
• Es el momento de que el Estado desarrolle la capacidad de analizar los miles de millones de datos que se producen en el sistema de salud, mediante la creación de la Torre de Control Digital de Información en Salud que buscará estandarización e integración de la información, y ponerla a disposición de los interesados con total transparencia, para mejorar la capacidad de análisis de la información, fortalecer la toma de decisiones en pro de mejorar los resultados salud, las expectativas de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema.
• Una de las estrategias que se pueden implementar para aumentar la oferta en los lugares más remotos del país es la incorporación de servicios de telemedicina en los centros de atención primaria.

Talento humano en salud

• Se requiere la actualización e implementación de la política de talento humano en salud con la articulación de los procesos de formación, investigación, innovación y desempeño, de acuerdo con las necesidades en salud de la población y aumentando la oferta.
• Formalización de la vinculación del talento humano, para lo cual se deberán realizar estudios de cargas laborales y de esta manera incrementar progresivamente esta formalización, a partir de estrategias como la formalización de las plantas temporales, en hospitales públicos y privados.
• En común acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, las Entidades territoriales, y las universidades, y en el marco de la Ley de Residentes, se priorizará la formación para contar con estos especialistas en regiones en los cuales no se dispone.

Gobernanza y rectoría del sistema de salud

• Se propone la recuperación del Consejo Asesor del Sistema General de Seguridad Social en Salud con la participación de las diferentes entidades que conforman el Sector Administrativo de Salud y Protección Social, las entidades territoriales, las organizaciones sociales y las agremiaciones y la academia en búsqueda de soluciones a las dificultades que se presentan en salud. Para ello, deben generarse mecanismos para lograr que las determinaciones del Consejo Asesor sean de obligatorio cumplimiento y vigilancia de las entidades competentes. Lo anterior en pro de la implementación de políticas públicas de salud.
• La Superintendencia Nacional de Salud realizará la inspección y vigilancia al cumplimiento de los planes territoriales de salud a cargo de los departamentos, distritos y municipios. En caso de incumplimiento, sancionará a las entidades territoriales que corresponda, conforme a las normas vigentes.

Tecnologías en salud

• El país requiere definir una verdadera estrategia de producción de tecnologías e insumos para la salud, incentivando la investigación, el desarrollo y producción de estos que son bienes esenciales y tienen un componente importante del gasto en salud.
• Esto supone la formulación de una política industrial farmacéutica y de dispositivos médicos que incentive la transferencia de tecnología y los acuerdos de producción local, en el marco del respeto a las normas de propiedad intelectual adoptadas por Colombia.
• Debe abordarse la conversación sobre acceso a la innovación, asegurando los mecanismos que permitan el acceso sostenible a las nuevas tecnologías.
• Es necesaria la reestructuración del Invima (Instituto Nacional de. Vigilancia de Medicamentos y. Alimentos), basada en mejores prácticas regulatorias, mecanismos de confianza y reconocimiento de agencias pares.
• Se propone la financiación del Iets (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud) con recursos del presupuesto general y la creación de una tasa asociada al registro sanitario por primera vez, con destinación a la realización de estudios de tecnologías a financiar con recursos de la UPC.