Ministerio de Justicia inició encuentros territoriales para la construcción de la nueva política de drogas

Desde su posesión como presidente de la República, Gustavo Petro, ha reiterado en la necesidad de cambiar la política de drogas actual, la cual está centrada en la erradicación forzada de cultivos ilícitos y el uso de medidas como las aspersiones con glifosato. Sin embargo, el jefe de Estado pausó el uso de este químico y dio instrucciones a la Policía Antinarcóticos para reducir la meta de hectáreas de hoja de coca sustraídas.

Dicha transformación, de acuerdo con el mandatario, también debe hacerse con las comunidades en los territorios, tarea que se le ha encomendado tanto a la fuerza pública como a parte de su gabinete ministerial, incluyendo la cartera de Justicia y el Derecho. Justamente, esta entidad inició una serie de encuentros el domingo 12 de febrero en los que se busca replantear esa política con las comunidades.

Este primer espacio, denominado ‘Encuentro Territorial para la Formulación Participativa e Incluyente de la Política Nacional de Drogas 2023 - 2033′, fue liderado por el Ministerio de Justicia junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —Unodc— y se llevó a cabo en el municipio San Miguel, en Putumayo.

Organizaciones sociales, cocaleras y autoridades de la región participaron en la jornada que tuvo como primer objetivo sentar las bases para la formulación de una nueva política antidrogas en Colombia. Entre los colectivos asistentes estuvieron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en cabeza de Éder Sánchez; la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, y las asociaciones campesinas del Suroriente de Putumayo —Acsomayo—, y las de Puerto Leguízamo y Puerto Asís —Asopuertoasís—.

En el evento también intervino la encargada de la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Gloria Miranda, sobre la necesidad de involucrar a las organizaciones sociales y cocaleras del país en esta discusión que abarcará, de acuerdo con la entidad, ocho regiones, 14 departamentos —incluyendo Bogotá— y 19 municipios.

Concretamente, estos Espacios Consultivos Territoriales se realizarán en Atlántico—Soledad—; Putumayo —Puerto Asís y San Miguel—; Caquetá —San José de Fragua y Doncello—; Amazonas —Leticia—; Meta —Granada—; Guaviare —San José del Guaviare—; Bogotá; Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Bolívar —Cáceres, Yarumal y San Pablo, respectivamente—; Norte de Santander —región Catatumbo y municipio Tibú—.

Vale mencionar que, a principios de mes, el ministro de Justicia Néstor Osuna se pronunció explicó ante el Consejo Superior de Política Criminal las propuestas que estarían dentro del documento que establecerá la nueva política antidrogas, la cual se encuentra en pleno proceso de cambios que van de la mano con lo que se acuerde en los Espacios Consultivos Territoriales.

En este sentido, resaltó que la propuesta buscará que se reconozca “la afectación desproporcionada, la persecución y la violencia que han sufrido los campesinos en los territorios”. Dicha intervención la hizo ante representantes de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander y Risaralda, y delegados del Gobierno nacional y organismos internacionales.

“Queremos una nueva Política de Drogas basada en la protección de la vida y de los derechos humanos, sostenible y amigable con el medio ambiente, que concentre el esfuerzo punitivo en aquello que debe perseguirse: el tráfico de cocaína y el lavado de activos”, explicó el ministro.

Además, hizo énfasis en que el éxito de este trabajo está en “determinar la forma como se van a erradicar los cultivos de hoja de coca, cuáles se van a erradicar de inmediato, cuáles van a entrar en un proceso de gradualidad, cuáles se van a erradicar de inmediato, cuáles van a entrar en un proceso de gradualidad? De eso se trata”.