Como preocupante calificó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, la agenda de marchas programadas para esta semana, especialmente las del 14 y 15 de febrero, tanto a favor como en contra del Gobierno de Gustavo Petro, que obstaculizan la jornada laboral y por supuesto, afectan la productividad y competitividad de las empresas.
Así mismo, el vocero de los comerciantes afirmó que si bien Fenalco respeta la protesta social pacífica como un derecho constitucional que asiste a todos los colombianos, no es coherente hacerlas entre semana, ya que afecta a todos los trabajadores y a la economía en general, en un momento en que se empezó a vivir una tendencia de desaceleración.
De igual manera, para los comerciantes causa sorpresa que se haga un llamado a apoyar unas reformas de las que no se conocen los textos en su totalidad, con lo cual se priva a los ciudadanos del derecho de conocer y socializar de manera amplia el contenido de estas iniciativas.
Esto sin contar que el fuero natural de la discusión, tanto del Gobierno como de la oposición, es el Congreso de la República.
En lugar de paros y marchas, Fenalco recordó que siempre propone encuentros de diálogo con los diferentes sectores públicos y privados, que permitan llegar a acuerdos en beneficio de todos los colombianos.
Por último, el presidente de Fenalco hizo un llamado al Gobierno nacional para que se fortalezca la presencia de la fuerza pública y de esta manera evitar que las marchas terminen en actos de confrontación, violencia, bloqueos, vandalismo y saqueos.
Marchas son peligrosas
El Consejo Gremial Nacional también se pronunció al respecto. Ve peligroso que la ciudadanía salga a marchar a favor o en contra de unas reformas de las que se desconoce a fondo su contenido e implicaciones.
Las diferentes agremiaciones concuerdan en que el presidente Gustavo Petro tiene la “obligación constitucional de simbolizar la unidad nacional y garantizar el acceso de la ciudadanía al contenido de dichos proyectos de ley, para que la ciudadanía, bajo sus propios juicios y opiniones, decida respaldarlas o no”.
Además, aseguró que el Estado colombiano o el Gobierno nacional deben garantizar que se difunda ampliamente los documentos de dichas reformas con el fin que los ciudadanos sean quienes elijan libremente si apoyarlas o no y determinar qué implicaciones tienen para sus derechos.
La agremiación anotó que este tipo de reformas o proyectos de ley se deben dar en espacios sanos donde se haga un debate serio de los documentos y sus implicaciones.
Adicionalmente, este anotó que se generan riesgos de enfrentamientos, e incluso de violencia y vandalismo entre la ciudadanía.
Más Noticias
Aunque Karen Manrique fue capturada por el escándalo de la Ungrd, su esposo solicitó la credencial como representante electa por Arauca
La credencial fue emitida en la Registraduría de ese departamento, entregando un poder firmado previamente por la congresista
Daniel Quintero aseguró que Antioquia es “víctima y no victimario” tras polémicas palabras de Iván Cepeda: “Fue cuna de la violencia paramilitar”
El candidato presidencial del Pacto Histórico está en el centro de la controversia por sus declaraciones sobre el departamento de Antioquia, en las que se refirió al paramilitarismo y al narcotráfico
Juan Daniel Oviedo afirmó que con Paloma Valencia “la diversidad” puede ser un método de gobierno y la actriz Diana Ángel le respondió: “Que ingenuidad”
La artista criticó en la red social X la propuesta del exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Valencia, y afirmó que “el uribismo elimina la diferencia”
Cambios en la Cámara de Representantes por Santander: Ferley Sierra queda fuera y Yolanda Silva logra curul
Tras el escrutinio final, el Pacto Histórico aseguró una segunda curul, mientras la Alianza Verde perdió su representación. La nueva bancada también refuerza la presencia del Centro Democrático en el departamento
Catalina Giraldo, la primera colombiana que pide suicidio médicamente asistido tras años de sufrir depresión y ansiedad
Tras años de tratamientos psiquiátricos, que incluyeron medicación, hospitalizaciones y terapia electroconvulsiva, la mujer busca que la justicia y su EPS autoricen un procedimiento seguro, acompañado y regulado que respete su derecho a la muerte digna
