
Falta casi un mes para que el Ministerio del Trabajo presente ante el Congreso la reforma laboral (y la pensional). El Gobierno, empresas y sindicatos siguen conversando y debatiendo sobre el articulado que se presentará, pero al parecer, ya habría unas decisiones que tienen haciendo números a las compañías. Aunque ven con buenos ojos algunas de las propuestas, las mejorar les representarían más gastos, como lo que se plantea con las horas extras y jornadas dominicales.
Ese incremento es representativo para las empresas. Recordemos su postura frente al incremento salarial, que, aunque aceptaron el aumento por la cifra de la inflación, aseguraron que un mayor aumento imposibilitaba crear o mantener ciertos puestos de trabajo.
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La intención del Ministerio de Trabajo es tumbar algunas disposiciones de la normativa actual, que rige desde el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto lo han dicho funcionarios propios de la cartera laboral, como por ejemplo el viceministro Edwin Palma, quien en diálogo con Blu Radio hace unos días aseguró que se derogará la Ley 789:

Precisamente ese tema de las horas extras es lo que tiene haciendo números a más de un empresario. Con la normativa actual, las prestaciones sociales y parafiscales exigen que actualmente se reconozca: salario mínimo, auxilio de transporte, salud, pensión, ARL, prima, cesantías (y sus intereses que se deben entregar a principio de año), vacaciones, dotaciones (si lo requiere) y los impuestos propios por tener empleados.
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Pues lo que le cuesta esto a las compañías, tendrían asumir, más o menos, un 35% más si se tiene en cuenta la jornada laboral, que cada año se le restará una hora hasta llegar a los 42 semanales, recargos extra y dominicales, que la propuesta del Gobierno es que dicho recargo sea del 100%; cabe resaltar que actualmente se reconoce el 75 por ciento.

Cambios son una reivindicación laboral aseguran sindicatos, mientras gremios están preocupados por los costos
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguran que la reforma por fin mejoraría las condiciones de los empleados. Dicha reforma sería apoyada por este y otros sindicatos el 14 de febrero en una manifestación social, que ha sido promovida por el presidente Gustavo Petro.
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Si bien las empresas respaldan algunos puntos, hay otros que consideran necesarios y que no deberían modificarse como la tercerización o externalización de servicios, según ellos, es una forma de asegurar una mayor productividad, con esto se podría generar más empleo y formalizar a aquellos que no tienen prestaciones sociales.
En este sentido les preocupa que las nuevas disposiciones impidan el desarrollo y dinamismo en materia laboral:
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