Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expidió el 6 de febrero de 2023 medidas cautelares a favor de tres líderes sociales y sus familias, en el Cauca. El organismo alegó que se encuentran en situación de riesgo “irreparable a sus derechos”.
Las medidas fueron consignadas en la resolución 4/2023, a favor de Guillermo Andrés Mosquera Miranda, Nidia Marcela Montoya, Carlos Mauricio Mosquera Miranda, docentes y líderes sociales miembros de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta).
La parte solicitante aseguró que han sufrido de amenazas de muerte desde 2018, por parte de grupos armados ilegales, así como de desplazamientos forzados y fueron objetos de violencia.
Puntualmente, las amenazas provienen del Frente Carlos Patiño, grupo residual perteneciente al Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC, que habríadeclarado a la organización Ascamta objetivo militar.
En 2020 Nidia Marcela fue declarada objetivo militar; en el primer semestre de 2022 Carlos Mauricio fue víctima de un atentado con un carro bomba que explotó cerca de su vivienda y en noviembre del mismo año, sufrió un intento de homicidio.
Las víctimas informaron a la CIDH que no cuentan con medidas de protección, por lo que han tomado medidas de autocuidado tales como no salir de sus viviendas y continuar sus tareas de forma remota, uno de los denunciantes debió desplazarse a la capital para buscar medidas de protección por parte de los organismos de gobierno.
Por su parte, el Estado colombiano comunicó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) otorgó medidas de protección a favor de Guillermo Andrés, también que los solicitantes fueron incluidos en el Registro Único de víctimas y que las autoridades locales han tomado las medidas necesarias.
El trabajo realizado por los comisionados evidenció que aunque el Estado ha brindado medidas de protección, las víctimas aún se encuentran en situación de vulnerabilidad y los factores de riesgo que no han sido subsanados.
Además, la comisión no ha recibido nueva información sobre el avance de las investigaciones que se desarrollan desde hace cuatro años, así como las amenazas de las que han sido objetivo los padres de los solicitantes.
La CIDH exhortó al Estado colombiano que desarrolle las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los líderes sociales caucanos y sus núcleos familiares, así como garantizar sus tareas y labores de promoción y defensa de derechos en el territorio.
Las medidas deberán conciliarse entre los organismos del Estado colombiano y los líderes sociales, y una vez se logre dicho proceso, la comisión deberá ser informada de los acuerdos, esperando que el seguimiento del caso evite la repetición de los hechos.
Colombia estará obligada a informar las medidas adaptadas para cumplir con las medidas cautelares en un plazo de 15 días a partir del 6 de febrero. Desde el organismo multilateral se aclaró que esta medida no implica un prejuzgamiento, en el caso de que se eleve una petición ante en el Sistema Interamericano por una posible violación de los derechos protegidos en el aparato existente.
A continuación, puede consultar la totalidad de la resolución 4/2023.
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