Encuentran 25 carpetas con información de periodista seguida por el DAS

Entre los documentos que preservó y recientemente devolvió el Archivo General de la Nación hay grabaciones de amenazas contra su vida que ella había entregado y fueron desestimadas en aquel entonces

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Claudia Julieta Duque calificó como duro y chocante comprobar que sus denuncias no llegaron a buen puerto y eso agravó su situación de seguridad Foto: FLIP
Claudia Julieta Duque calificó como duro y chocante comprobar que sus denuncias no llegaron a buen puerto y eso agravó su situación de seguridad Foto: FLIP

El martes 31 de enero, Claudia Julieta Duque comunicó que recibió 25 carpetas nuevas con información recopilada por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en el caso de seguimientos ilegales de esa entidad contra ella y otros periodistas.

Duque, que se dedica a informar e investigar sobre temas de derechos humanos —incluido el asesinato del humorista Jaime Garzón—, fue víctima de secuestro, hurto selectivo, intimidación y persecución por varias entidades del Estado colombiano —incluido el DAS—, por lo cual llegó a recibir un esquema de seguridad y exiliarse en dos oportunidades.

En el fallo T-1037/2008, la entidad recibió la orden de entregar toda documentación recopilada ilegalmente sobre ella. A pesar de ello, dijo Duque, el Archivo General de la Nación le informó de estas carpetas “de las que no se tenía conocimiento, las cuales se encuentran ubicadas en una bodega del AGN en Funza (Cundinamarca)” y se las hizo llegar.

Esos archivos fueron encontrados a propósito de unas inspecciones judiciales que ordenó el Juzgado 102 Penal Especializado, que tomó su caso en octubre.

La periodista aseguró que aún está revisando los archivos que recibió. Además, dio detalles sobre su contenido: “entre las cosas que más llaman la atención se encuentra un cassette con las grabaciones de dos amenazas que se me hicieron los días 7 y 8 de septiembre de 2004, el cual fue entregado por mí en su oportunidad al entonces jefe de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación (PGN), doctor Francisco Javier Farfán, hoy magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema”.

Duque calificó como duro y chocante comprobar que sus denuncias no llegaron a buen puerto y eso agravó su situación de seguridad —que llegó a ser calificada como de extremo riesgo por el Ministerio del Interior en 2007—. Además, indicó que los nuevos archivos “podrían comprometer al exdirector del DAS, Felipe Muñoz Gómez, en acciones directas de encubrimiento del actuar ilegal del DAS en mi caso”.

El caso contra José Miguel Narváez

El exsubdirector del DAS, exasesor externo de esa entidad y creador del Grupo Especial de Inteligencia 3 (G3), José Miguel Narváez, fue condenado a 26 años de prisión por haber inducido al máximo líder de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), Carlos Castaño Gil, a ordenar el asesinato de Garzón. La Corte Suprema de Justicia ratificó esa condena en 2021.

Aunque ya tiene una condena, Narváez también está sindicado por, presuntamente, ejercer torturas psicológicas contra Duque. Sobre esas torturas y lo sucedido entre 2001 y 2010, el Consejo de Estado emitió una condena a la nación el 6 de julio.

“Está acreditado que, como consecuencia del homicidio del reconocido periodista y humorista Jaime Grarzón Forero, la periodista Claudia Julieta Duque participó activamente con el fin de determinar los móviles y causantes del delito, actuación que la llevó a ser víctima de amenazas que la llevaron incluso a abandonar el país con el apoyo de varias organizaciones internacionales”, señaló el Consejo de Estado en el fallo de 70 páginas.

Sin embargo, la periodista está esperando condenas con membrete a Narváez y, en su comunicado del 31 de enero, mencionó que transcurrieron “cuatro años de parálisis en justicia ordinaria y dos años de mentiras ante la JEP”, pero que está a punto de reanudarse y concluir.

Añadió que tiene la esperanza de que la nueva juez le dé el “impulso necesario para evitar la prescripción de éste y otros juicios contra otros victimarios, entre ellos Ronal Rivera Rodríguez, el cual terminó en noviembre de 2017 y aún no ha sido fallado. Sin duda, hoy es claro que la juececita segunda penal, Nidia Angélica Carrero Torres, promovió con su inacción la impunidad y la muerte de los procesos”.