
Luego de que la semana pasada se reunieran el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, con la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, donde dialogaron acerca de la construcción del metro en la capital colombiana, el lunes 30 de enero se conoció el concepto jurídico que daría viabilidad para que el tren metropolitano sea subterráneo.
El documento consta de 70 páginas y fue elaborado por la firma de abogados del exministro de Justicia Enrique Gil Botero, donde sostuvieron que se podrían hacer las modificaciones para que el futuro sistema de transporte masivo de la ciudad vaya de manera soterrada, informaron en la emisora La W Radio.
“Sí. Es del todo viable o posible modificar unilateralmente el contrato de concesión 163 de 2019 en lo que respecta a uno de sus elementos accidentales, como lo es la definición del trazado y de la modalidad de construcción, de elevado a subterráneo”, citaron en el medio radial del documento.
Aseguran en el análisis jurídico que no se requeriría de un nuevo convenio, como tampoco se trataría de cambiar al concesionario que viene trabajando en el proyecto.
“Este cambio no significa un reemplazo del contrato y tampoco una sustitución del particular contratista, comoquiera que se trataría simplemente de la adecuación de uno de los parámetros constructivos para adecuar el proyecto al interés común. En este punto se destaca, también, que de manera alguna esta modificación significaría la frustración de los intereses del adjudicatario o contratista y, menos aún, el desconocimiento de los principios propios de la contratación estatal que tienen aplicación en la etapa precontractual o de selección”, destacaron en la emisora.
Mientras que en Caracol Radio agregaron que el polémico cambio que busca el presidente Petro se argumentaría basado en el mandato constitucional donde prima el interés general.
“Siendo el interés común o el interés general la finalidad única, válida y justificante de la contratación estatal, de conformidad con lo dispuesto en este sentido en el artículo 209 de la Constitución Política, es preciso señalar que, al revisar las condiciones de la contratación pactadas para el diseño y construcción del Metro de Bogotá, la realidad actual de la ciudad demarca o depara como necesaria la modificación, al menos parcial, del trazado acogido”, refirieron del documento.
En el concepto jurídico también se sostiene que hay falencias en las consultorías que se han hecho para la construcción del metro elevado, por lo que en el proyecto para hacerlo soterrado se reducen hasta los costos.
“Es fácil advertir que, necesariamente, el metro subterráneo se ajusta en mayor medida a las actuales necesidades del interés común en Bogotá, habida cuenta que su construcción implica menos traumatismos a la movilidad en la ciudad y, además, al tratarse de una intervención en el subsuelo redunda en la reducción de costos atados o derivados de la adquisición y gestión predial”, agregaron Caracol Radio.
Entre tanto, la alcaldesa López señaló que por el momento la construcción del metro elevado sigue en marcha y de hecho está un 18 % de avance, tras la inauguración de la Semana de la Movilidad Sostenible, donde también se pronunció acerca del proyecto del corredor verde en la carrera Séptima.
“La prioridad de Bogotá es cofinanciar los tres cables y el Regiotram del Norte. No es cambiar el contrato de la primera línea del metro”, informaron de las declaraciones de la mandataria distrital en la emisora Blu Radio.
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