Roy Barreras es salpicado en caso de corrupción en el manejo de los recursos del Acuerdo Final de Paz

El nombre del presidente del Congreso de la República, Roy Barreras Montealegre, salió a relucir en medio de una investigación que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación para determinar si hubo corrupción en el manejo de los dineros con los que se implementaría el Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc.

Mauricio Quintero, uno de los involucrados, mencionó al senador del Pacto Histórico en una interceptación telefónica que reveló, recientemente, la emisora W Radio.

De acuerdo con lo que reveló el citado medio, el audio en el que Quintero menciona al congresista oficialista hace parte del grueso material probatorio que el ente acusador aportó al alto tribunal para determinar a los responsables de una supuesta red de corrupción con el dinero que el Estado colombiano entregó para implementar lo acordado con la extinta guerrilla.

Sobre Mauricio Quintero, que es uno de los contratistas involucrados en este nuevo polémico caso, se sabe que viene siendo investigado desde hace tiempo por participar en la estructura delincuencial que habría participado en la malversación de los fondos para la paz.

Tras conocerse esta grabación, la Fiscalía compulsó las pruebas necesarias para que la Corte, que es la encargada de indagar a servidores legislativos, determine si Roy Barreras se hace merecedor a una investigación para determinar su posible participación en este caso.

Barreras, por su parte, fue uno de los negociadores del gobierno Santos con la guerrilla que se desmovilizó en 2016 tras el acuerdo avalado en el Teatro Colón, de Bogotá.

Sobre la investigación: contratistas, alcaldes y miembros del MinHacienda implicados

Hay que aclarar que la interceptación que reveló la emisora colombiana hace parte del caso que se viene investigando desde 2017 cuando se encontraron las mencionadas anomalías en la destinación de los recursos para solucionar el posconflicto y que está bajo la lupa de las autoridades colombianas.

Desde ese entonces, el ente imputador ha estado evaluando la participación de varios de los contratistas y otros congresistas que hicieron parte del proceso de paz que dio por terminado el conflicto armado con las Farc, que se postergó por más de 50 años en Colombia.

Según la Fiscalía, los contratistas involucrados habrían cometido algunas anomalías en la contratación de proyectos con los que los desmovilizados se reintegrarían a la sociedad; además, se habrían utilizado, de manera ilegal, los dineros para atender a las poblaciones afectadas y que estaban contempladas en el acuerdo firmado en Cuba.

De este caso, se sabe que en 2020 fueron judicializados otros funcionarios involucrados como Eduardo Alfredo Ghisays, que era propietario de algunas empresas en Córdoba. Además, se emprendieron acciones judiciales contra varios mandatarios locales de Nariño como el alcalde de El Charco, Milton Cuero y el alcalde de Mosquera, Johan Velázquez.

Otros funcionarios nariñenses, como Federman Riascos, consejero de paz de la Tola, así como el contratista Wilmar Caicedo, también fueron salpicados en este caso que, de acuerdo con la Fiscalía, también involucra a más de 30 personas residentes en Cali y Bogotá, que habrían participado en la red de corrupción para malversar los fondos de la paz.

Uno de los detalles más escandalosos de esta investigación es que, con el apoyo de funcionarios públicos como congresistas y miembros del Ministerio de Hacienda, los citados sujetos habrían logrado sus labores delincuenciales que, inclusive, habrían usado esos recursos para financiar campañas a las diferentes corporaciones.

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