La Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra Blanca Elvira Cortés Reyes fue la agente liquidadora de la ESE Hospital San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó), por 22.541 millones de pesos. La mujer es señalada de ocasionar un daño patrimonial.
Para el ente de control el daño patrimonial fue resultado de la omisión de Cortés Reyes para lograr el pago de los excedentes de operación del centro hospitalario durante los años 2008 a 2012 en el proceso de liquidación de Caprecom, y que correspondería a una cartera de 16.653 millones de pesos, que debían destinarse para el pago de acreencias.
Por estos hechos, en 2019, la Corte Constitucional compulsó copias a los entes de control para que investigaran el actuar de la exfuncionaria por la omisión al no reconocer esta suma dentro de la masa de liquidación de Caprecom, lo cual impidió que el hospital pudiera recuperar los dineros adeudados por Caprecom.
La Contraloría verificó que en este caso se produjo un daño patrimonial al estado como consecuencia de la omisión de la entonces agente liquidadora de la ESE Hospital San Francisco de Asís, al no cumplir cabalmente una de sus funciones: adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad, y esto quedó expresado en el fallo con responsabilidad fiscal en su contra, así:
El ente de control decretó medidas cautelares de embargo de los bienes y las cuentas bancarias de Cortés Reyes, para garantizar el resarcimiento de los recursos públicos, además del fallo de manera individual en su contra por la suma de $16.653 millones más el valor de la indexación, que arroja un total de $22.541 millones.
Estas son las irregularidades que la Contraloría General encontró en la investigación contra Medimás
El contralor Carlos Rodríguez dio a conocer que a la EPS Medimás se le imputó fallo de responsabilidad fiscal por $65.616 millones junto a ocho de los directivos de la entidad y a Century Farma. De acuerdo con el funcionario, se han seguido encontrando irregularidades que muestran cómo se han generado los procesos de corrupción al interior de la entidad, que hoy día se encuentra en liquidación.
En la investigación llevada a cabo la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se determinó que registraban pagos de servicio médicos a personas fallecidas por valores de más de 46 millones de pesos, además, las multas pagadas con dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- fueron de un monto aproximado a los $2.981′189.179.
Sumado a lo anterior, se registró el pago de anticipos a empresas contratistas en procesos de liquidación legalizados por un valor de $62.588′775.380; y de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras que superaban los $62.588.775.380 millones de pesos.
Con respecto a estos hallazgos, hay que recordad que desde septiembre de 2022 la Contraloría abrió un proceso en contra del prestador de servicios por la perdida de $842.449 millones entre el 1 de agosto de 2017 hasta el pasado 16 de marzo de 2022, ya que evidenció irregularidades en la legalización de los anticipos causados desde hace cinco años, lo que trajo dudas sobre la administración, gestión y custodia de los recursos del sistema de salud.
En su última decisión, el ente regulador imputó la responsabilidad fiscal por valor de $65.616 millones a Medimás y a varios de sus ejecutivos: Néstor Orlando Arenas Fonseca, presidente de Medimás EPS SAS entre el 2 de octubre de 2017 y el 29 de abril de 2019; Santiago Rodríguez Gómez, exvicepresidente administrativo y financiero; María Camila Aguirre Coronado, exvicepresidente jurídica desde el 1.° de septiembre de 2017 y el 30 de abril de 2019; y Elizabeth Hernández Castellanos, que fue gerente de tesorería desde el día 6 de abril de 2017.
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