Procuraduría investiga a la Alcaldía de Bogotá por compra de furgones adaptados como ambulancias

En el año 2022 se había advertido que el contrato de compra de los vehículos habría superado los 36.000 millones de pesos

El Ministerio Público requirió información sobre los contratos celebrados desde 2020 para adquirir ambulancias o vehículos para acondicionarlos y, sobre los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que “participaron en la etapa precontractual, celebración, ejecución y liquidación de estos”.
El Ministerio Público requirió información sobre los contratos celebrados desde 2020 para adquirir ambulancias o vehículos para acondicionarlos y, sobre los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que “participaron en la etapa precontractual, celebración, ejecución y liquidación de estos”.
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La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa para esclarecer los hechos denunciados por la concejal, Diana Diago, sobre los vehículos que habrían sido adquiridos por la Alcaldía de Bogotá para prestar el servicio de ambulancia, sin cumplir con los estándares técnicos necesarios para atender una situación médica de urgencia.

Diago denunció que furgones fueron convertidos ambulancias

El 13 de diciembre de 2022, la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, denunció una presunta compra ilegal de 150 ambulancias por parte de la Secretaria de Salud de Bogotá. “Lo que realmente se compró fue furgones de carga”, anunció antes de que terminara 2022.

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La compra de las ambulancias habría tenido un costo mayor a los 36 mil millones de pesos. Durante su discurso en el cabildo de Bogotá la concejal de derecha no dudo en decir:

Mientras hacía la denuncia, la política del Centro Democrático compartía unas fotos donde se evidenciaría que las ambulancias, realmente serían furgones de carga.

Para Diana Diago los furgones no cumplen con las normas básicas de comunicación entre la cabina del conductor y el compartimiento del paciente.
Para Diana Diago los furgones no cumplen con las normas básicas de comunicación entre la cabina del conductor y el compartimiento del paciente.

Para Diana Diago los furgones no cumplen con las normas básicas de comunicación entre la cabina del conductor y el compartimiento del paciente.

Frente a lo anterior, la concejal pronunció: “Es irresponsable que hayan comprado unos furgones y los hagan pasar por ambulancias. Los más afectados son los ciudadanos, ponen en riesgo no solo al paciente sino a la tripulación, ya que no son estables y tienen riesgo de volcamiento”.

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Un mes después de su advertencia, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para esclarecer los hechos denunciados.

En una primera decisión, el Ministerio Público requirió información sobre los contratos celebrados desde 2020 para adquirir ambulancias o vehículos para acondicionarlos y, sobre los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que “participaron en la etapa precontractual, celebración, ejecución y liquidación de estos”.

En su comunicación del miércoles 18 de enero, el órgano de control informó que inició esta investigación para identificar a los servidores públicos que participaron en la compra de los vehículos -ambulancias-, al parecer, “sin cumplir con las exigencias establecidas en la norma técnica para prestar ese servicio”.

Aunque desde la Alcaldía de Bogotá aún no se se pronuncian sobre el caso, la cabildante señaló que “nos metieron gato por liebre, la administración de Claudia López compró furgones y los habilitaron para ambulancias La suspensión no sirve, la parte eléctrica no sirve, 36 mil millones de pesos en despilfarro”.

Adicionalmente, la concejal señaló que de los 150 vehículos contratados solo se han entregado 105.

En otra de sus denuncias aseguró, que en detalles como el tema de baterías y la suspensión, delatan las adecuaciones de estos furgones, ya que no cumplen con los estándares necesarios para brindar un servicio médico de urgencia.

La concejal del Centro Democrático también compartió algunas declaraciones de profesionales de la salud que se verían afectados por esta compra ilegal:

La concejal Diana Diago concluyó: “Ante las irregularidades de esta compra, que tiene un valor mayor a los 36 mil millones de pesos, exijo la renuncia del secretario de salud. Y esperemos que esta denuncia no sea una más y que los entes de control le entreguen resultados a la ciudad. Hay que defender a la ciudadanía y cuidar los recursos públicos”.

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