La Contraloría General de la República informó a través de un comunicado que abrió cinco procesos de responsabilidad fiscal por un total de $22.005 millones luego de detectar el mismo número de hallazgos fiscales en una Auditoría de Cumplimiento a los recursos invertidos para Agua Potable y Saneamiento Básico en La Guajira.
Los contratos tenían vigencia entre 2018 y 2022, y la auditoría fue realizada durante el segundo semestre del año pasado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, donde se evaluaron los recursos y contratos ejecutados, que tenían cobertura en 14 de los 15 municipios del departamento.
En medio de la auditoría, la Contraloría hizo un total de 18 hallazgos administrativos, de los cuales 15 tendría incidencia disciplinaria, un con posibles incidencias penales y cinco de carácter fiscal por $20.769 millones. Estos hallazgos fueron remitidos a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que determinó la apertura de los procesos fiscales correspondientes.
Para el ente de control, los contratos más importantes son dos, que están relacionados con el saneamiento básico en Riohacha, cuyo detrimento patrimonial ascendería a más de $10.300 millones de pesos.
El primero de estos contratos es para la construcción de obras hidráulicas en dos barrios de la comuna 10, con un valor de más de $9.700 millones de pesos. El segundo, está relacionado con el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Riohacha Fase II, cuya cuantía supera los $500 millones de pesos.
Según la Contraloría, respecto al primer contrato, “se construyeron y pagaron obras para saneamiento básico del municipio que quedaron sin funcionalidad al cambiarse el método de tratamiento de las aguas residuales”, dice la entidad en el comunicado.
Por estas obras, que no prestan “y no prestarán” el servicio para el que fueron contratadas, el detrimento habría sido de más de $9.700 millones de pesos, argumenta la Contraloría.
Respecto al segundo contrato, la entidad indica que al contratista se le pagó la maquinaria asignada al proyecto ($523 millones), pero esta nunca se utilizó porque el contrato se suspendió, causando así una “gestión inadecuada, incorrecta y antieconómica que vulnera el principio de planeación y causa un daño al patrimonio público”.
“La CGR reprocha las debilidades en la planeación de estos contratos, entre otros aspectos por la no realización de la consulta previa obligatoria a las comunidades indígenas de la zona de influencia del proyecto, lo cual, posteriormente dio lugar a cambios que causan la afectación del patrimonio público”, puntualiza la Contraloría en su comunicado.
Los afectados por estos detrimentos patrimoniales, según la CGR, serían el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de la Guajira.
“Esa serie de recursos, fundamentalmente de regalías, que fueron invertidos en La Guajira, la Contraloría General de la República logró determinar presuntos detrimentos patrimoniales por un monto superior a los $132.000 millones de pesos, cifra que nos parece escandalosa, superlativa”, dijo el contralor general en medio de una rueda de prensa que dio desde el departamento.
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