
Un caso de violación a una niña indígena de la comunidad Nukak en el departamento de Guaviare, en el que el agresor sería un militar estadounidense, tiene versiones encontradas. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, señaló que se trata de un falso hecho, pero una investigación periodística obtuvo confirmación por las autoridades que ahora niegan haber conocido la situación.
El caso fue dado a conocer por Univisión, a través de un reportaje hecho por el periodista Gerardo Reyes, en el que denunció la explotación sexual de niñas indígenas en el departamento del Guaviare, tanto por parte de civiles como de militares que se aprovechan de sus precariedades.
En la investigación se dio a conocer un caso ocurrido a mediados de 2019, contra una menor de 10 años, de la comunidad Nukak, quien habría sido presuntamente violada por un militar estadounidense. A raíz del abuso, habría quedado en estado de embarazo y tiempo después habría nacido el bebé por medio de cesárea y este habría sido dado en adopción por el ICBF.
“Hicimos varios desplazamientos, varias acciones urgentes y podemos decir que es falsa esa información. Mañana yo informaré con una carta al director de ese medio internacional porque no pueden tratar de explicar una situación que es de dificultad de derechos humanos en esta región a partir de una información falsa”, sostuvo el fiscal Barbosa desde San José del Guaviare.
Según el jefe de la Fiscalía, los investigadores consultaron al director regional del ICBF en Guaviare, Joaquín Mendieta, quien lleva 9 años en la entidad y él aseguró que no ha tenido conocimiento del caso. Sin embargo, cuando el periodista Reyes le narró el caso y le preguntó si le sonaba familiar, su respuesta fue diferente.
“Claro que sí, Gerardo, ese es un caso renombrado no solamente aquí en el Guaviare sino a nivel nacional”, dijo en la entrevista, pero aseguró que estaba cobijado con reserva por la confidencialidad de las víctimas, aunque habría dicho que ambos menores se encontraban “bien”, según dijo el periodista a Caracol Radio. En cambio, bajo la gravedad de juramento le habría dicho a la Fiscalía que no tenía información al respecto.
“Además aseguró que en la entrevista con el medio de comunicación hizo referencia a otra agresión sexual en el 2019, con una menor de edad, no la menor de 10 años, que supuestamente habría sido abusada por militares colombianos. Ese caso se encuentra desde 2019 en la dirección de derechos humanos de Bogotá, no es un caso que haya tenido presuntamente un bebé”, sostuvo el fiscal en su declaración desde la capital del Guaviare.
Mendieta también dijo al medio internacional que existe una problemática alrededor de las comunidades nukak y jiw; sin embargo, minutos después afirmó que, “en este momento no son tan preocupantes, pero sí se reciben casos que tienen que ver con este tema”. Señaló que podrían ser hasta cuatro casos semanales, pero tampoco tenía las cifras para sustentarlo, y ahora es investigado por la Procuraduría por las acciones que tomó u omitió al respecto.
Barbosa señaló que también realizaron una inspección a las carpetas del ICBF entre el 2018 y el 2020, en las cuales no se halló registro de ningún caso similar al denunciado. La defensora de Familia del departamento también aseguró que no había tenido conocimiento.

“Se entrevistó al cuerpo de salud del hospital central de Guaviare, teniendo en cuenta que el informe dice que un tío la llevó a practicar una cesárea. Se realizó una visita al hospital y al respecto el gerente manifiesta que no conoce ningún caso, y el subgerente manifestó que no conocía ningún caso y que no había registro del mismo. También fue entrevistado el ginecólogo y manifestó que no conoce ningún caso de estas características”, señaló Barbosa.
Univisión citó en la misma investigación a la fiscal delegada para el Guaviare, pero su respuesta no hizo referencia al caso puntual señalado. “Las respuestas fueron por casos generales de violencia sexual hacia niñas indígenas y otro caso por un abuso de militares colombianos, año 2019, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero no de la niña supuestamente abusada por un militar norteamericano”, sostuvo el fiscal general.
También, la Fiscalía consultó a la comunidad Nukak y a la antropóloga y socióloga de la comunidad, quienes manifestaron que no conocían de ningún caso de las características descritas. Tampoco hay registro del nacimiento de un menor en esas condiciones entre 2015 y 2022 en la Registraduría. Además, el batallón Selva N° 22 y de Marina N° 32 negaron contar con militares extranjeros acantonados.
“No hay derecho a que se ensañen con Colombia en el marco de lo que acaba de ocurrir. Sabemos que existen gravísimos problemas de derechos humanos en Colombia, pero no es sobre la base de construcción de ficción”, sostuvo Barbosa, quien agregó al respecto en entrevista con Caracol Radio: “Es una absoluta bellaquería haberse inventado un medio de comunicación tremenda falsedad. Voy a enviar una carta al presidente de Univisión diciendo exactamente las bellaquerías que hicieron en este caso”.
Barbosa sostuvo que desmentir la información difundida en medios de comunicación costó más de 80 millones de pesos por más de 60 investigadores que fueron enviados especialmente al Guaviare. De los que dijo que podrían haber dedicado su tiempo a otros casos reales.
Sin embargo, este es apenas uno de los casos de violencia contra los niños y las niñas en ese departamento. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sostuvo que el balance de la entidad indica que hay al menos 110 casos registrados de violencia basada en género y del 2020 al 2022 se han restablecido los derechos de 125 menores.
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