El número de muertos en Nicaragua continúa en aumento. El pasado domingo, un sangriento asalto a los manifestantes por parte de la policía y las fuerzas paramilitares progubernamentales dejó sin vida a 31 civiles, cuatro policías y tres miembros de los grupos afines al presidente Daniel Ortega. Este fue el recuento de cadáveres más elevado desde que comenzaron las manifestaciones prodemocráticas el 18 de abril. En total ya van más de 300 muertes, según los observadores de derechos humanos. El lunes, matones enmascarados pro Ortega, armados con palos y pistolas, invadieron una iglesia donde los manifestantes se habían refugiado. También maltrataron al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez. Hay informes confiables que hablan de disparos por parte de francotiradores contra algunas de las protestas civiles pacíficas.
Tal derramamiento de sangre, que recuerda la carnicería política que hubo en Centroamérica en los años setenta y ochenta, es bastante repugnante por sí solo. Sin embargo, lo que fue especialmente inquietante acerca de este último episodio es que llegó justo después de que Ortega declarara en un mitin, el sábado, su inequívoco rechazo de la principal propuesta de compromiso para resolver la crisis de Nicaragua: celebrar elecciones nacionales anticipadas, en lugar de esperar al 2021. Y el lunes, el gobierno de Ortega emitió una proclama declarando a sus oponentes como "terroristas" y cancelando cualquier conversación política hasta que el "grave problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia haya sido abordado y resuelto de una manera confiable".
En resumen, el régimen de Ortega ha optado por la represión total similar a la practicada contra el movimiento democrático en Venezuela. Es cierto que los manifestantes en Nicaragua han bloqueado carreteras clave con pesadas barricadas, la misma táctica que utilizaron los oponentes a la antigua dictadura de Somoza (también lo hizo el frente sandinista de Ortega).Pero el régimen de Ortega está forzando a sus oponentes a la huelga y a la desobediencia civil, y esa situación está afectando a la economía nicaragüense. Sin embargo, el gobierno es responsable de la gran mayoría de las muertes y lesiones. Contrariamente a la propaganda del régimen, la oposición sigue siendo abrumadoramente pacífica y desarmada. El único terrorismo hoy en Nicaragua es el de tipo oficial.
Los vecinos de Nicaragua del Hemisferio Occidental deben ayudar para logar la democracia evitando una guerra civil en toda regla. El 5 de julio, justo antes del último episodio de violencia, el gobierno de Trump anunció sanciones económicas contra tres de los principales tenientes de Ortega, quienes, según el Departamento de Estado, "han estado involucrados en graves abusos contra los derechos humanos o involucrados en corrupción". Esas palabras envían un mensaje necesario, aunque limitado, de protesta por parte de Estados Unidos. Pero no es el sustituto de un esfuerzo regional más amplio. El mejor vehículo para eso sería una coalición encabezada por otras naciones latinoamericanas para presionar al Sr. Ortega y apoyar las conversaciones entre él y la oposición. El dictador de Nicaragua parece que está intentando demostrar que las democracias de la región están demasiado distraídas por otras cuestiones, como la transición política en México, y evitar que escale el conflicto. Deben demostrarle que está equivocado.
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