Google, CBS y Viacom: escudos legales para los trabajadores LGBTQ

Decenas de grandes empresas estadounidenses están presionando a los tribunales federales para que declaren ilegal la discriminación basada en la orientación sexual, incluso si esa decisión podría interferir en la selección de personal.

Microsoft Corp., Google, CBS, Viacom Inc., IAC, Lyft y Ben & Jerry's Homemade Inc. están entre las cincuenta compañías y organizaciones que firmaron un documento en el que apoyaban una petición, encabezada por el grupo de defensa Freedom For All Americans (Libertad para todos los estadounidenses), ante la corte de apelaciones de Estados Unidos.

"Las leyes que permiten la discriminación afectan nuestra capacidad de lograr una fuerza laboral fuerte y competitiva, y eso frena el crecimiento, la creatividad y la innovación", comentó a través de un correo electrónico Anna Walker, directora de Levi Strauss & Co.

Si bien el apoyo por parte de las compañías a la comunidad homosexual se ha vuelto algo común y aunque muchas tienen sus propias políticas de no discriminación es inusual que las corporaciones presionen a los tribunales para que se hagan cumplir las leyes de una forma más amplia.

Saks Fifth Avenue Inc., por ejemplo, impulsó una normativa interna para apoyar a la comunidad LGBTQ pero permite la discriminación basada en la identidad de género de un ex empleado transgénero. Pasó en una declaración judicial, en 2014, y se argumentó que tal discriminación no estaría en contra de la ley. Saks resolvió el caso tras las críticas de los defensores.

En 2016, Wal-Mart llegó a un acuerdo de USD 7,5 millones con un ex empleado gay en vez de defender ante la corte que el caso podía ser desestimado porque la ley no cubría la orientación sexual.

Los jueces de la corte de Nueva York están listos para escuchar las peticiones y valorar si las reacciones anti-gay son ilegales bajo la Ley de Derechos Civiles de 1964. Precisamente esta cuestión es la que ha dividido a otros tribunales y es posible que llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Fue el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo, que denunció que su empresa, Altitude Express, lo despidió en 2010 porque era gay. En la demanda presentada, el hombre señaló la prohibición federal de discriminación sexual, dictaminada por la Corte Suprema, que castiga los prejuicios basados en la orientación sexual.

La corte de apelaciones rechazó un argumento similar en el 2000, contra un trabajador de correos, Dwayne Simonton. Aseguró que los compañeros de trabajo lo acosaron por su condición sexual, con videos y fotos pornográficos en su espacio de trabajo y dejando notas en el baño con el nombre de famosos que murieron por SIDA.

Al rechazar la demanda de Simonton, un juez de apelación escribió que "el término 'sexo' en el Título VII se refiere solo a la pertenencia a una clase delineada por género" por lo que no se podía afirmar que esa conducta hubiera sido dirigida a una mujer.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces. En 2015, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, por primera vez, dijo que la discriminación contra los homosexuales es una forma de discriminación sexual ilegal porque está basada en "preferencias sexuales, suposiciones, expectativas, estereotipos o normas".

En abril, una corte de apelaciones de Chicago se convirtió en la primera en llegar a esa misma conclusión, contradiciendo la decisión de otras cortes de apelaciones. Al mes siguiente, el tribunal de Nueva York concedió una vista para reconsiderar el caso del paracaidista (que murió en 2014).

"Realmente se reduce a que está bien que las mujeres salgan con hombres, así que tiene que estar bien que hombres salgan con hombres, o lo estás tratando de forma diferente", comentó Greg Nevins, estratega del programa de igualdad de Lambda Legal, que prestó asistencia jurídica a Zarda y a otros casos similares afectados por el Título VII.

En los documentos de la corte, las empresas argumentan que determinar estos comportamientos como ilegales sería bueno para los negocios. En la presentación, aseguran que "fortalecería y ampliaría los beneficios, tales como la capacidad de contratar y mantener a los mejores talentos". Tal decisión, según ellos, "generaría ideas innovadoras con muchas perspectivas, características y experiencias". Por esa razón, dicen, atraería una base de clientes más diversa que aumentaría la productividad.

"Las leyes contra la discriminación realmente ayudan y no perjudican a los negocios", apuntó Todd Anten, socio de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que presentó esa solicitud en nombre de todas las compañías.

Algunos tribunales, sin embargo, siguen sin mostrarse convencidos por los argumentos aportados en casos similares a los de Zarda.