La organización Amnistía Internacional (AI) afirmó, en la publicación de su informe anual, que en Venezuela continuó la “política de represión” aplicada por el régimen de Nicolás Maduro, así como nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles.
“Se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas”, indicó AI en su informe.
La organización recordó que, en enero del año pasado, 14 hombres murieron durante una operación de seguridad en el sector La Vega, al oeste de Caracas, en circunstancias que apuntaban “a que podían haber sido víctimas de ejecución extrajudicial”.
“Según la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, las fuerzas policiales habían matado hasta marzo a más de 200 personas. La Misión declaró que investigaría las circunstancias de los homicidios y la participación de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales)”, relató.
Asimismo, agregó que en la capital del país caribeño se llevaron a cabo varias operaciones de seguridad contra bandas delictivas, durante las cuales las fuerzas militares y policiales hicieron un uso “innecesario e ilegal de la fuerza”.
De acuerdo con Amnistía Internacional, los procedimientos y tribunales penales se emplearon “indebidamente” para acallar la disidencia.
“Era habitual el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles, y también el uso de tribunales especiales contra el ‘terrorismo’”, subrayó.
También indicó que, con el pretexto de las restricciones relativas al COVID-19, “las autoridades prohibían a los detenidos recibir visitas de familiares y abogados, lo que dejó a muchas de ellas en régimen de incomunicación y sin tiempo suficiente para preparar su defensa”.
Amnistía Internacional sostuvo que las iniciativas para pedir “verdad, justicia y reparación” a través de mecanismos internacionales, ante la “falta de recursos efectivos en el ámbito nacional”, siguieron viéndose frustradas por los intentos de las autoridades de evitar el “escrutinio internacional”.
Por otra parte, la organización aseveró que, desde 2021, “empeoró la emergencia humanitaria” y han persistido “las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un sistema de salud cada vez más debilitado y escasez de agua, combustible, alimentos y electricidad”.
Citó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), según la cual el 94,5 % de la población vivía en situación de pobreza y el 76,6 % en situación de pobreza extrema, al menos hasta el año pasado.
El régimen venezolano desconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) conserva el mandato de cooperación técnica con altos cargos del Ejecutivo, siguen pendientes las invitaciones para visitar al país.
(Con información de EFE)
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