El diputado venezolano Ángel Álvarez Gil denunció este miércoles que el régimen de Nicolás Maduró está negándose a vacunar contra el COVID-19 en el estado de Carabobo a las personas que no cuenten con el polémico Carnet de la Patria, un instrumento de control social lanzado en 2017.
“A esta hora nos llegan reportes de distintos portales digitales y del Dr. Jorge Pérez [ndr: director de la ONG Médicos Unidos] sobre jornadas de vacunación de la 3ra edad en el estado de Carabobo exigiendo estar registrado con el carnet de la patria, ¿hasta dónde llegan?”, comenzó diciendo Álvarez Gil, miembro de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y controlada por la oposición, en su cuenta de Twitter.
La dictadura venezolana desconoce la autoridad de esta Asamblea Nacional y ha realizado elecciones para formar un Parlamento en paralelo, no reconocido por gran parte de la comunidad internacional debido a las nulas garantías durante los comicios.
“Ni en las peores horas de nuestra historia tienen límites, proporción, ni respeto, la cédula es nuestro documento, no este instrumento discriminatorio, ¡estamos en presencia de una segregación social inaceptable! ¡La cual todos debemos rechazar con fuerza! ¡Vacunas ya!”, agregó el diputado del partido opositor Voluntad Popular.
En un video distribuido en redes sociales, se puede ver el momento en el que decenas de venezolanos acuden a un local de vacunación montado por el régimen venezolano en Valencia, estado de Carabobo, y se les niega el acceso.
“Se está vacunando solo personas de tercera edad que estén registradas por Carnet de la Patria”, dice un cartel escrito a mano alzada y pegado en la puerta del centro de vacunación.
De acuerdo con el periódico venezolano Crónica Uno, la policía de Carabobo se encontraba en el lugar impidiendo el acceso de personas que no cuenten con el Carnet de la Patria, incluso personal de salud que estaba registrado para recibir la dosis.
No es la primera vez que la dictadura de Nicolás Maduro restringe la vacunación contra el COVID-19 a las personas que cuentan con el Carnet de la Patria, denunciado por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, como un mecanismo de control social del chavismo.
A comienzos de abril se instaló un vacunatorio en el Consejo Municipal de Baruta para 500 personas que cuentan con el carnet. Georgette Topalián, dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidenta del Consejo, dijo que se trata de un “plan piloto de vacunación dirigido a los adultos mayores” de la localidad.
“En esta primera etapa fueron seleccionadas 500 personas mediante el sistema Patria”, reconoció a través de su cuenta de Twitter.
Por su parte, la concejal Alessandra Sánchez dio más detalles en la misma red social: “Los vecinos baruteños adultos mayores que fueron seleccionados para colocarse la vacuna fueron elegidos por un sorteo del sistema Patria. Acá nosotros (autoridades municipales) no tenemos nada que ver en esta selección de personas”, aclaró.
Luego expresó: “A las personas que fueron seleccionadas les llegó un mensaje de texto el día de hoy, el cual dice lo siguiente: ‘Buen día, usted ha sido seleccionado para la jornada de vacunación por medio del Carnet de la Patria. Por favor, asistir al Concejo Municipal las Mercedes al frente de la policlínica. Confirma su asistencia’”.
Michelle Bachelet había denunciado el uso del Carnet de la Patria
La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, denunció en su informe de julio de 2019 el “uso del Carnet de la Patria para el control social y [para] discriminar por razones políticas”.
“A finales de 2016, el Presidente anunció la creación del Carnet de la Patria, una tarjeta mediante la cual todos los programas serían a partir de ahora entregados, incluyendo el nuevo sistema de transferencias directas de dinero a las familias”, indicaba en su escrito la ex presidenta de Chile.
“La lista de personas beneficiarias de estos programas es manejada por las estructuras locales del partido oficial, en vez de por las instituciones gubernamentales. Las personas entrevistadas reportaron que los integrantes de estas estructuras locales monitorean la actividad política de las personas beneficiarias”, seguía.
Y agregaba: “La discriminación con base en motivos políticos y el control social mediante los carnets tiene un impacto diferenciado en la habilidad de las mujeres para hacer valer sus derechos”.
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