El FBI y la DEA investigan a los vínculos del empresario colombiano Álex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, que se extenderían a al menos siete países de América, Europa y Asia.
Según el organigrama de las agencias de investigación, al que accedió el periódico colombiano El Tiempo, la pesquisa sobre Saab lo une a empresarios, políticos y compañías de Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Turquía, Emiratos Árabes y Hong Kong.
“Nadie sabe a cuánto asciende su fortuna”, indicó el diario. Por el momento, la información lo vincula a firmas como Sun Properties LLC (en Delaware, EEUU), Group Grand Limited (con base en Hong Kong) o Mulberry Proje Yatirim, en Turquía.
Para México, Saab está relacionado a Group Grand Limited (GGL), una firma acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), clave en su esquema de corrupción que mantiene el sostén militar.
En tanto, Panamá y Emiratos Árabes Unidos son las que más firmas investigadas albergan, con tres cada una. Por último, hay dos firmas colombianas en la mira del FBI y la DEA: Fondo Global de Alimentos LTDA y Emmr & CIA.
En las últimas horas, el gobierno estadounidense aseguró que el país hará “todo lo que tenga que hacer” para lograr la extradición de Álex Saab, detenido el pasado sábado en Costa de Marfil, mientras el Departamento de Justicia alista su pedido de extradición.
La oposición venezolana señala a Saab como el encargado de gestionar el “dinero mal habido” de Maduro, obtenido de actividades ilegales entre las que cuenta la minería ilegal y el narcotráfico, así como el ‘cerebro’ de la ‘Operación Alacrán’ para arrebatar a Juan Guaidó la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Saab, quien tenía solicitud de captura internacional en Interpol, acusado de lavado de dinero y corrupción en un tribunal de Estados Unidos, fue detenido el viernes en 12 de junio la isla africana, luego de que el avión privado en el que viajaba solicitara autorización para aterrizar en Sal con el objetivo de repostar combustible.
Al aterrizar, el empresario se rehusó a precisar la procedencia y el destino final de la aeronave, lo que encendió las alarmas de las autoridades.
Tras la detención de Saab, la dictadura venezolano reaccionó rápido para evitar su extradición. El régimen calificó de “arbitraria” la detención del empresario colombiano, y exigió su puesta en libertad. En un comunicado, la dictadura dijo que el empresario tiene nacionalidad venezolana y que viajaba en calidad de “agente” de su Gobierno. En el razonamiento chavista, su función le ortorgaría “inmunidad diplomática”.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro. Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”.
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