El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su esfuerzo por “terminar con la corrupción y la criminalidad ligada al régimen de Maduro en Venezuela”, al ofrecer una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, mano derecha de Tareck El Aissami, ministro de Petróleo chavista que también está sancionado por EEUU por narcoterrorismo.
El Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), a través de su departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), anunció que el funcionario venezolano fue incluido en la lista de los más buscados de la agencia, tras una investigación llevada a cabo por la Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros El Dorado de HSI, Nueva York.
A través del programa de recompensas, las autoridades norteamericanas ofrecen hasta cinco millones de dólares “por información que conduzca al arresto o condena de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, un funcionario del gobierno venezolano acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos con múltiples supuestos capos del narcotráfico, incluyendo a Tareck eI Aissami”.
Ramírez Camacho es actualmente el superintendente de criptografía de Venezuela y ha sido acusado en el Distrito Sur de Nueva York de lavado de fondos ilícitos mientras ocupaba cargos públicos en el régimen venezolano.
“Junto con el Programa de recompensas de narcóticos, más de 75 traficantes de narcóticos importantes han sido llevados ante la justicia desde que comenzaron estos programas en 1986. El Departamento de Estado ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a esas detenciones”, señala el Departamento de Estado.
“La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley administra estos programas de recompensas en estrecha coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación, las Investigaciones de Inmigración y Aduanas / Seguridad Nacional (ICE / HSI) y otras agencias. Estas acciones demuestran el compromiso del Departamento de Estado de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley y todo un enfoque gubernamental para combatir el crimen organizado transnacional”, agrega.
Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, destacó esta nueva medida de presión contra la dictadura chavista: “Hoy los Estados Unidos anunciaron una recompensa por información para llevar ante la justicia a otro funcionario del régimen de Maduro responsable de la delincuencia organizada transnacional internacional. Seguiremos trabajando con el Departamento de Justicia para proteger a los ciudadanos estadounidenses y ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia”.
Ramírez Camacho fue designado presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), el 19 de junio de 2018. Es un hombre de extrema confianza de El Aissami y, para muchos, su mano derecha. Todos los cargos públicos que ejerció han sido durante las gestiones del hoy ministro de Petróleo: fue secretario del Despacho del ministerio de Industrias y Producción Nacional y director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Aragua, director general de la Vicepresidencia de la República, presidente de la Federación Venezolana de Criminólogos (Fevecrim), y en junio de 2018 ocupó la dirección del Despacho del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.
El pasado 26 de marzo el Departamento de Justicia norteamericano anunció cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras del régimen chavista, y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita el arresto y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.
El Departamento también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); y Tareck el Aissami, en ese entonces ministro de Industria y Producción Nacional, y actual ministro de Petróleo.
Entre otros funcionarios y dirigentes, también se implicó a Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal, y Samark López Bello, un empresario con una serie crímenes vinculados al lavado de dinero en favor de Maduro y El Aissami.
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