El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó este jueves al Congreso que ha decidido extender un año más la declaración de “emergencia nacional” sobre Venezuela por considerar que la situación en el país suramericano sigue siendo “una amenaza para la seguridad nacional” de la potencia norteamericana.
En un comunicado en el que destacó la importancia de mantener esta medida hasta que Venezuela obtenga “su libertad”, Trump ha determinado que se trata de una medida “necesaria”.
“La situación en Venezuela continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, aseguró el mandatario norteamericano.
Entre los motivos citados por Trump para prorrogar la declaración se encuentran la falta de garantías sobre los Derechos Humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia en protestas antigubernamentales, las detenciones arbitrarias y la presencia de una corrupción gubernamental “significativa”.
"He decidido que es necesario mantener la declaratoria de emergencia Nacional con respecto a Venezuela”, dijo Trump en parte del comunicado.
La extensión de la declaratoria es importante para poder disponer del apoyo del Congreso y también de los recursos a la hora de tomar decisiones con respecto a Venezuela.
El decreto corresponde a la Orden Ejecutiva 13692 firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama. El decreto continuaría en efecto más allá de marzo de 2020.
Obama, en su momento, estableció sanciones contra siete funcionarios, acusándolos de violar derechos humanos y cometer actos de corrupción. Los sancionados, casi todos policías y militares, han formado parte de los organismos de seguridad del estado que fueron responsables de neutralizar las protestas antigubernamentales ocurridas principalmente en el año 2014.
“Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de EEUU. de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”, decía en el comunicado difundido por el gobierno de Obama.
El ex presidente norteamericano, al igual que Donald Trump, también extendió en una oportunidad el decreto, argumentando que para entonces que “la situación no ha mejorado” y “el Gobierno continúa erosionando las garantías de los DDHH”.
La acción ejecutiva ordenaba la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de varios funcionarios militares y policiales venezolanos, a quienes señala por violaciones de derechos humanos.
La Casa Blanca explicó que la declaración de emergencia “es un proceso normal” que se ha hecho en otros casos de sanciones como Siria, Irán o Birmania, países que tampoco gozan de buenas relaciones con EEUU.
La relación entre ambos países se ha ido distanciando cada vez más a través de los años, teniendo su punto más álgido en la actualidad, especialmente desde que Estados Unidos desconoció las irregulares elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador, en un proceso viciado la ilegitimidad, ya que fue convocado por una Asamblea Nacional Constituyente que se instaló sin seguir los procedimientos constitucionales.
Además, no contó con la participación de observadores internacionales ni de partidos políticos que le hicieran oposición al régimen, ya que estaban inhabilitados por la dictadura y la mayoría de sus líderes estaban presos o en el exilio.
Esto conllevó a que el presidente de la legítima Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentara como presidente interino tal y como dicta la carta magna de ese país, siendo Estados Unidos la primera nación en reconocerlo como mandatario encargo junto con otros 58 gobiernos.
Desde entonces las relaciones se han debilitado y la potencia norteamericana ha aplicado una serie de sanciones con las que busca que Nicolás Maduro deje utilizar los recursos del país para afianzar su dictadura y de esta manera Guaidó pueda lograr el cese de la usurpación política para llamar a elecciones verdaderamente democráticas en un ambiente de confianza y credibilidad que beneficie a todos los venezolanos.
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