El gobierno legítimo de Venezuela denunció los planes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que pretende recomprar algunas de las acciones de Venezuela en el banco de desarrollo regional, con la intención de “reducir” la exposición del país tras años de demoras en los pagos.
Diputados y representantes de la presidencia encargada denunciaron que la Corporación estaría evaluando adquirir las acciones de Venezuela por el monto que el país le adeuda.
Julio Borges, comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó, aseguró en su cuenta de Twitter que la posible transacción servirá para “limpiar su balance financiero y saldar la deuda”.
“Le pedimos a la región su solidaridad en esta situación, pues se está generando un precedente negativo que perjudica el futuro de las economías de América Latina”, aseguró el también diputado en el exilio.
La CAF, como se conoce al banco, le ha dado a Venezuela seis meses para vender el 20% de sus acciones B, por un valor de aproximadamente 170 millones de dólares, según el legislador opositor Ángel Alvarado. Los funcionario de prensa de la CAF no han dado comentarios al respecto.
Alvarado, explicó en sus redes sociales que de concretarse la compra, el país quedaría fuera del directorio, perdería la línea de crédito y Caracas perdería la sede de la corporación.
“Esto tiene que ver con que la CAF dirige su negocio únicamente en función de los retornos”, dijo Alvarado. “Tiene que haber un componente ético que comprenda la situación de Venezuela y su necesidad futura de que organizaciones como la CAF reconstruyan el país”.
La venta reduciría la exposición del banco a Venezuela, que alcanzó los 3.600 millones de dólares el año pasado, un factor que compromete su propio perfil crediticio. La CAF ha evitado en repetidas ocasiones un incumplimiento de parte de Venezuela otorgándole varias renovaciones de deuda que la han ayudado a apuntalar su calificación crediticia.
Omar Zambrano, economista venezolano, explicó que esta posible venta va en “contra de los intereses del país” y además atenta contra el "orden constitucional”, pues la salida de organismo multilateral debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.
La asediada nación sudamericana se encuentra en su séptimo año de contracción económica, liderada por un colapso en los precios del petróleo, años de políticas fallidas y corrupción desenfrenada. El pago de la deuda venezolana también se complica por la precaria situación política de Venezuela, después de que casi 60 países reconocieran a Juan Guaidó como presidente el año pasado, argumentando el fraude en torno a la reelección de Nicolás Maduro en 2018.
Una extensión final de 500 millones de dólares otorgada en diciembre de 2018 fue ampliamente criticada por la oposición del país como fraudulenta, ya que no fue autorizada por la Asamblea Nacional de Venezuela.
Los retrasos en los pagos de Venezuela en sus obligaciones llevaron a una rebaja de calificación.
La deuda que se saldaría es de 1.500 millones de dólares y conseguiría 400 millones de dólares. De acuerdo con Alnavío, el equipo del presidente encargado Juan Guaidó quiere bloquear la operación.
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