
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) planteó para Colombia una agenda de reformas que incluye elevar de forma gradual la edad de jubilación, reducir las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA) y reemplazar los subsidios de servicios públicos definidos por estratos por ayudas focalizadas según el ingreso de los hogares. Dichas recomendaciones están incluidas en el Estudio Económico de la Ocde sobre Colombia de 2026.
El organismo relacionó los cambios con el envejecimiento de la población, la alta informalidad laboral, las presiones sobre las cuentas públicas y las fallas de la focalización del gasto social.
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En primer lugar, el informe señala que las edades legales de pensión en Colombia, de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, se ubican por debajo de los parámetros de la mayoría de los integrantes del organismo. Ante esto, propone igualar de forma gradual la edad de retiro de las mujeres con la de los hombres, elevar luego ambas edades hasta acercarlas a las de países comparables y, después, ajustar el parámetro según la esperanza de vida.

“Alinear gradualmente la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres, aumentar las edades de jubilación para alinearlas con las de países pares y luego vincular los ajustes futuros a la esperanza de vida permitiría extender los períodos de cotización y mejorar los ingresos de los jubilados”, indicó el documento.
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Aclaró que una jubilación más tardía no resolvería por sí sola las limitaciones del sistema. Según sus simulaciones, el efecto mejora si los trabajadores permanecen más tiempo en empleos formales y con cotizaciones continuas. El estudio utilizó un escenario en el que la edad de retiro llega a 65 años para hombres y mujeres. Advirtió que “cerca del 75% de los trabajadores no completa las 1.300 semanas requeridas para obtener una pensión contributiva”. Debido a ello, propuso fortalecer una pensión básica universal y aplicar cotizaciones progresivas, con menores cargas para las personas de bajos ingresos.
Recomendación sobre el IVA apunta a limitar exenciones
En materia tributaria, la Ocde insistió en que Colombia debe ampliar de forma gradual la base gravable del IVA y revisar los beneficios tributarios. El estudio estima que los gastos tributarios del IVA y del impuesto de renta alcanzaron cerca de 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, de los cuales 5,6% correspondió al IVA. Considera que las exclusiones y tarifas preferenciales reducen el recaudo y, en varios casos, benefician en mayor proporción a hogares de ingresos altos y empresas de mayor tamaño.
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Recomendó que las excepciones del IVA queden limitadas a “un conjunto acotado de bienes y servicios básicos claramente definidos”. Para compensar el impacto en los hogares de menores ingresos, la Ocde propuso transferencias monetarias directas y focalizadas. Mencionó que el proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria del Gobierno De la Espriella contempla ampliar la base del impuesto e implementar desde 2028 el mecanismo EfectIVA, una devolución dirigida a personas en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad económica. La devolución estaría ligada a facturas electrónicas y documentos equivalentes. Para la l entidad, ese modelo se alinea con su propuesta de sustituir beneficios tributarios generalizados por compensaciones directas.
No obstante, señaló que “el resultado dependerá de la capacidad estatal para llegar a hogares que compran en comercios informales o tienen dificultades para acceder a la facturación electrónica”.
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Subsidios por estratos deberían dar paso a criterios de ingreso
El estudio también cuestionó la asignación de subsidios de energía y gas por medio de los estratos socioeconómicos. La Ocde señaló que ese sistema parte de las características de las viviendas y del entorno, en lugar de verificar los ingresos de cada familia.

“Una parte considerable del gasto en subsidios a los servicios básicos (energía y gas) beneficia a hogares que no son pobres”, indicó el organismo. A su juicio, la clasificación residencial es un mecanismo de focalización “débil y desactualizado”. La propuesta consiste en reemplazar de manera gradual el esquema por estratos por criterios de ingreso, con apoyo del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), el Registro Social de Hogares y el Registro Universal de Ingresos.
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Calculó que “el cambio podría reducir en 56% el número de hogares que reciben estos subsidios y bajar el gasto público en cerca de 0,2% del PIB, sin retirar el apoyo a la población vulnerable”.
Cambios legislativos
El informe advierte que la modificación requeriría cambios legislativos. El organismo también recomendó continuar con la reducción de los subsidios pendientes a los combustibles fósiles, en especial al diésel, y reorientar esos recursos a transferencias temporales para los sectores afectados.
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