El gobierno interino de Juan Guaidó emitió este martes una alerta internacional ante la desaparición forzada del diputado opositor Gilber Caro, quien permanece secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro desde el pasado 20 de diciembre.
“Con la desaparición forzada del diputado Gilber Caro se violan todos los Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, con carácter supraconstitucional y se transgrede el marco jurídico venezolano a plenitud con la violación a su inmunidad parlamentaria. Al momento de la emisión de la presente alerta, desconocemos el paradero, el estado físico y mental del Diputado Caro y de su asistente Ugas”, señala el comunicado emitido por la presidencia interina de Venezuela.
La oposición indicó que el secuestro del dirigente de Voluntad Popular (VP) “es por motivos políticos ajenos a la legalidad y al legítimo sustento”: “Todo esto responde a las sistemáticas acciones persecución, hostigamiento y amenaza a los diputados de la Asamblea Nacional, para con ello lesionar la mayoría que pueda elegir una nueva directiva de este cuerpo legislativo este venidero 5 de enero de 2020”.
Ante este contexto de creciente hostigamiento de la dictadura chavista contra la oposición, el gobierno de Guaidó instó a la comunidad internacional “a manifestar su rechazo a estos hechos criminales y exigir fe de vida y libertad inmediata del Diputado Gilber Caro, autoridad legítimamente electa por los venezolanos, y de su asistente Víctor Ugas”.
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al régimen de Maduro que respete los derechos humanos -en particular a la vida, integridad y debido proceso- de Gilber Caro y del periodista Víctor Ugas.
El ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que recibió denuncias sobre violaciones al debido proceso y derecho de defensa de Caro. En concreto, que “su inmunidad parlamentaria fue levantada de forma irregular y que el diputado no tuvo acceso a sus abogados durante su presentación ante los tribunales” chavistas.
La abogada del diputado, Theresly Malavé, explicó el pasado domingo 22 -cuando fue llevado ante la justicia del régimen- que la situación de su defendido sigue siendo la de alguien bajo desaparición forzada. “No los vimos, no sabemos qué delitos les imputaron ni sabemos para dónde los trasladaron”, explicó Malavé.
Ante esta situación, la CIDH “ratificó el deber de Venezuela de cumplir las medidas cautelares otorgadas a favor de Caro” en mayo de este año, en el marco de la que fue su segunda detención irregular a manos del régimen, a finales de abril.
El 20 de diciembre por la tarde Caro fue “secuestrado” por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en los alrededores de La Florida, en Caracas.
En mayo pasado, el parlamentario había sido secuestrado por agentes del Sebin y llevado -sin orden judicial- a su sede en el centro de la capital venezolana, donde estuvo detenido cerca de un mes y medio.
Con esta detención, es la tercera vez que el Palacio de Miraflores viola la inmunidad parlamentaria de Caro. Anteriormente lo había detenido entre enero de 2017 y junio de 2018. Luego de ser detenido en enero de 2017, Caro no fue presentado ante un tribunal hasta 4 meses y 20 días después de su detención, tiempo en que “se le prohibieron las visitas” y “estuvo sometido a aislamiento”, según Amnistía Internacional. Entonces, el diputado sobrevivió a una dura huelga de hambre pero salió muy desmejorado de la prisión en junio de 2018.
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