La Unión Europea y el Grupo de Lima exigieron la liberación inmediata de Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento venezolano

La Unión Europea (UE) pidió este jueves la liberación inmediata del diputado venezolano Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de ese país, controlada por la oposición a Nicolás Maduro.

"La detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por parte de la policía secreta venezolana, constituye otra violación flagrante de la Constitución del país. Es una acción políticamente motivada dirigida a silenciar a la Asamblea Nacional", dijeron fuentes europeas.

Por ello, la UE "solicita la liberación inmediata de Edgar Zambrano y considera a las autoridades pertinentes responsables de su seguridad e integridad".

Los Veintiocho subrayan que "los derechos civiles, la seguridad y la inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, Juan Guaidó, deben ser respetados".

Asimismo, señalaron que la UE "continuará reaccionando, a través de sus diferentes instrumentos políticos, a otros ataques de las instituciones democráticas, el estado de derecho y los derechos humanos".

Zambrano fue detenido, junto a otras tres personas, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cuando se encontraba en la sede de su partido, Acción Democrática.

La situación se anticipaba desde la semana pasada, cuando el máximo tribunal informó sobre la apertura de un proceso contra Zambrano por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia.

El comunicado del Grupo de Lima

El Grupo de Lima también condenó el nuevo atropello del régimen de Nicolás Maduro. "Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, expresaron su rechazo a la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional legítima Edgar Zambrano Ramírez, Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Mariela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia, Juan Andrés Mejía, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Richard José Blanco Delgado, por sus labores en la recuperación de la institucionalidad democrática de Venezuela", reza el comunicado.

Y agrega: "Rechazamos categóricamente la arbitraria detención del diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue trasladado la noche de este miércoles a través del uso de la fuerza a la sede de la policía política de Nicolás Maduro, al mando del general sancionado Gustavo González López".

Por último, subraya: "Lo anterior representa un acto írrito e inconstitucional, ya que, de acuerdo con la Constitución venezolana, el único órgano que puede levantar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. El allanamiento de esta prerrogativa sin un debido proceso por una autoridad espuria como lo es la Asamblea Nacional Constituyente conforma una afrenta a los principios democráticos y derechos humanos reconocidos en el derecho internacional".

España condenó las "medidas represivas" contra la Asamblea Nacional

El Gobierno español condenó firmemente este jueves las "medidas represivas" de las autoridades venezolanas contra la Asamblea Nacional después de que Édgar Zambrano fuera detenido.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo español no reconoce a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que ordenó levantar la impunidad parlamentaria de Zambrano y otros seis diputados opositores, y recuerda que la Asamblea Nacional es la institución "legítimamente elegida que representa al pueblo venezolano".

El Gobierno español, que dirige el socialista Pedro Sánchez, muestra también "preocupación" por el estado del diputado Gilber Caro, detenido por el Sebin el 26 de abril pasado y en paradero desconocido, y asegura que "hace responsables" de su integridad física a los órganos que lo mantienen en custodia.

El Gobierno "propugna una salida pacífica y democrática" de la crisis de Venezuela e insiste en la necesidad de unas elecciones anticipadas "conformes a los estándares democráticos".

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