La policía traslada a un manifestante detenido (REUTERS)
La policía traslada a un manifestante detenido (REUTERS)

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social denunció este lunes que 35 personas han sido asesinadas durante la última semana en el marco de las protestas opositoras.

Según explicó el OVCS, las víctimas perdieron la vida durante manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro y en episodios de saqueos que se produjeron en este marco. Sin embargo, la ONG Provea destacó que se produjeron ocho episodios en los que se realizaron "ejecuciones en operativos después de las protestas".

Rafael Uzcátegui, director de Provea, explicó que se trata de 35 personas identificadas con nombre y apellido a lo largo de 10 estados. "Son personas en su totalidad de distritos populares, lo que refleja la particular saña con la que están siendo reprimidas las comunidades menos asistidas del país", indicó.

Las autoridades también denunciaron que numerosas familiares fueron amenazadas por los uniformados con no entregar el cuerpo de las víctimas si es que realizaban una denuncia a las organizaciones.

Por su parte, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, denunció este lunes que la represión del régimen chavista de los últimos días arrestó a 850 personas.

Según el registro del Foro Penal, solo el 23 de enero, día que una enorme multitud salió a las calles para manifestarse contra el régimen, las autoridades arrestaron a 696 personas, y en los días siguientes se llegó a la cifra de 850 detenciones, entre los que se encuentran 77 adolescentes y 100 mujeres.

Alfredo Romero, director de la ONG, indicó que "77 menores de edad han sido detenidos arbitrariamente, niños entre 13 y 14 años se encuentran bajo custodia policial, muchas niñas involucradas".

La cifra representa un aumento con respecto a las cifras dadas a conocer el domingo, ya que la ONG continúa recibiendo reportes y denuncias a lo largo de todo el país.

Según ha denunciado la organización, los arrestos surgen primero como "desapariciones forzadas" y que los organismos de seguridad del Estado están haciendo registros y detenciones en zonas residenciales sin orden judicial.

Los delitos imputados a los detenidos son "terrorismo, instigación al odio, alteración del orden público y desacato a la autoridad", según el informe de la ONG.

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