Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales y torturas: el dramático informe de Amnistía Internacional sobre Venezuela

"El número de homicidios en Venezuela es superior al de muchos países en guerra". Así resumió Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional (AI) España, el grave contexto de inseguridad que sufren desde hace años los venezolanos, en el marco de la presentación en Buenos Aires del informe titulado "Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela".

El reporte del organismo sostiene que esa violación por parte del régimen de Nicolás Maduro se lleva a cabo en dos niveles. "El primero de ellos, el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares; el segundo nivel: el Estado ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos y en especial ejecuciones extrajudiciales".

"En Venezuela las políticas del gobierno criminalizan y matan a los más pobres (…) Existe una política de gatillo fácil en zonas urbanas y pobres", remarcó Beltrán, quien cuestionó las medidas represivas aplicadas por el régimen, en lugar de apelar a mecanismos para controlar la delincuencia.

En esa línea, el análisis del organismo indica que, en el marco de los planes de seguridad ejecutados por el gobierno bolivariano entre 2002 y 2017 -en total 17-, se han llevado a cabo "allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales y torturas". Esto, según AI, ayudó al aumento de las tasas de homicidios.

En 2017, Venezuela fue el segundo país del mundo con mayor tasa de homicidios, sólo detrás de Siria, una nación en guerra desde hace siete años. En 2016 se registraron 21.752 crímenes. "El 22% de los homicidios los comete el Estado", alertó el director de Amnistía España.

"De los últimos 19 ministros del Interior, 11 fueron militares. Esta lógica militar lo que ha ocasionado son detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas. Este contexto se da por el fracaso de las políticas públicas de seguridad de los últimos 20 años, en los que ha habido 17 planes de seguridad. En esos planes, las únicas medidas que se han implementado son medidas represivas, nunca medidas de carácter preventivo. Esto es lo que ha contribuido a una violencia armada endémica y ha contribuido a las ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades", agregó.

De acuerdo con AI, las ejecuciones han ido en aumento, de 384 registradas en 2012 a 669 en 2013, 1.018 en 2014, 1.396 en 2015 y 2.379 en 2016.

Asimismo, Beltrán indicó que, de acuerdo a las estadísticas que refleja el informe, la impunidad en Venezuela se estima en 90%: "Es el hueso que hace que continúe un círculo viciosos en el que se actúa, se mata y se olvida a la víctima".

"El Estado venezolano no ha tomado medidas contundentes para mejorar el sistema de justicia penal, tanto desde el punto de vista de los tribunales y órganos de justicia, como de los centros de reclusión de personas privadas de libertad", alertó AI.

El informe comparte algunas desgarradoras historias contadas por familiares de las víctimas de la violencia armada. Entre los tantos casos está el de Zulay González, quien en los últimos seis años perdió a dos hijos. En 2012, Luis Fernando Lugo González, de 27 años, fue asesinado por un grupo de hombres, quienes le dispararon en las piernas, la espalda y la cabeza. Meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, su otro hijo, Mario Nicasio, falleció a manos de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Se lo llevaron en un vehículo, y luego Zulay lo encontró muerto en la morgue con un tiro en la cabeza; el CICPC le dijo que falleció en medio de un enfrentamiento con los funcionarios. Pero esa versión nunca pudo ser confirmada por las autoridades. Tampoco quedó clara la muerte de Luis Fernando. A seis años de los dos asesinatos, no hubo detenciones, y sus muertes quedaron impunes.

"Todas las autopsias que hemos consultado, fueron disparos en el pecho, el cuello y la cabeza, y las personas estaban en condición de inferioridad. Es decir, arrodillados o acostados. No hubo orden judicial de allanamiento; la mayoría de los casos no tenía antecedentes penales, y se alega que fueron en enfrentamientos. En los expedientes a los que tuvo acceso AI no figura ni un policía herido", subrayó Beltrán.

Crisis humanitaria

El reporte también hace referencia a la falta de acceso al derecho a la salud y a la alimentación, como consecuencia del alarmante desabastecimiento que sufren a diario los venezolanos.

"Estamos viviendo una de las crisis de magnitudes más grandes en materia de la problemática de migración forzada en la región", manifestó la directora de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina, Mariana Fontoura Marques, quien presentó el informe junto a Beltrán.

Los indicadores revelados por el organismo de derechos humanos son realmente alarmantes.

En 2017, el 87% de los venezolanos se encontró en situación de pobreza, mientras que el 61,2% estuvo en la pobreza extrema. La hiperinflación en la que se encuentra sumido el país claramente contribuyó a que más personas hayan caído en la pobreza. Para fin de año, la estimación inflacionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI) es de casi un millón por ciento.

Este déficit económico logrado por las políticas del régimen también llevaron al peor desabastecimiento en la historia del país. Entre 2013 y 2017, se registró un 76% menos de importaciones de alimentos, mientras que el último año hubo un 85% de escasez de medicinas, de acuerdo a cifras de la Federación Farmacéutica Venezolana.

Aunque Maduro y la cúpula chavista nieguen la existencia de una crisis humanitaria, esta situación condujo al peor éxodo de América Latina en las últimas décadas.

Ante este contexto, Fontoura Marques advirtió que "la crisis de Venezuela tiene un impacto importante para la región" y realizó un "llamamiento a la solidaridad internacional y al compromiso con la responsabilidad compartida".

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al menos 2,3 millones de personas se fueron de Venezuela en los últimos años. Desde 2015, huyeron al menos 1,6 millones. De esa cifra, el 90% se recluyó en países sudamericanos, siendo Colombia (850.000-1.000.000), Perú (414.000) y Ecuador (250.000) los mayores receptores.

"La ONU ya está comparando esta crisis con las graves situaciones del mundo, como el caso del Mediterráneo", apuntó Fontoura Marques. Beltrán, por su parte, recordó que Siria, después de más de siete años de guerra, tuvo más de cuatro millones de desplazados, mientras que en los últimos dos años, más de dos millones de venezolanos huyeron de la crisis, según datos de ONU.

"La salida de la crisis exige un apoyo internacional", aseguró la directora de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina, y luego enumeró algunas medidas que se podrían aplicar para la recepción de venezolanos: "Garantizar el acceso al sistema de protección; garantizar el acceso a los derechos sociales, a los servicios públicos de cada país donde están; facilitar los trámites migratorios; compromiso a la no devolución de las personas; y solidaridad internacional a los países que están recibiendo".

El informe de Amnistía Internacional completo:

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