Por qué el agua se transformó en un bien de lujo en Venezuela

"Secuestran nuestros camiones, así de simple", cuenta Rigoberto Sánchez a Bloomberg. "Una vez que eso sucede, estás en sus manos, tienes que conducir el camión donde quieran ellos".

Sánchez maneja un camión cisterna y vende agua de manera privada, porque el suministro estatal está totalmente colapsado. Teóricamente el agua está subsidiada y cuesta sólo unos centavos al mes… Pero las tuberías en Caracas no se han renovado en tres décadas, cada vez hay menos cuadrillas de reparación y la mayoría de las bombas que extraen agua de los depósitos fuera de Caracas solo funcionan parcialmente. Así, el venezolano que quiere agua tiene que pagar por ella, si es que logra conseguirla.

"El sector del agua está completamente tomado debido a un gobierno que cree que los militares pueden darle orden a las cosas", asegura Norberto Bausson, quien fue el jefe de Hidrocapital, la empresa de abastecimiento del servicio de agua, en la década de 1990. "Si además de esta incompetencia institucional, agregas un año seco, entonces las consecuencias son enormes".

Es que Hidrocapital suele cortar completamente el servicio por hasta 48 horas. La mayoría de la gente en Caracas recibe 30 minutos de agua durante las mañanas y otros 30 por las noches. La dramática realidad trastorna la vida de los caraqueños que viven esos minutos como una frenética carrera contra el tiempo: abandonan el trabajo o las reuniones sociales apurados para ducharse, lavarse y limpiarse.

Un informe inédito de Caritas, que atiende a las áreas más pobres de cuatro estados, encontró que en abril solo el 27% de las familias tenía acceso continuo a agua potable de los suministros estatales. Alrededor del 65% tuvo acceso a menos de tres días a la semana. En el estado de Miranda, ninguna familia pobre tiene agua con más frecuencia.

Aquellos que quieren más deben pagar.

Los transportistas privados como Sánchez suplían la falta de agua. Dependiendo de la distancia de manejo, Sánchez cobra alrededor de 18 millones de bolívares (unos 6 dólares) para llenar el tanque de un edificio residencial promedio. Para trabajos más grandes puede cobrar hasta 50 millones (USD 17). La cifra en divisas parece irrisoria pero no lo es en un país donde el salario mínimo araña el dólar.

Aún con esfuerzo, los venezolanos compraban el agua… pero ahora que el personal militar tomó el control de los principales puntos de abastecimiento ni pagando se obtiene suministro.

Los oficiales militares han comenzado a requisar camiones y los conductores se ven obligados a conducir sus vehículos cisterna donde el régimen lo decida. El destino puede ser algún edificio gubernamental,residencias militares o casas privadas. Y en otros casos, los soldados simplemente bloquean el acceso a manantiales y pozos.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo le prestaron a Venezuela más de 500 millones de dólares en proyectos de agua en los últimos 10 años. Incluyeron la renovación de algunos de los centros de tratamiento más grandes del país y el tratamiento de El Guaire, donde el año pasado los manifestantes se adentraron en sus sucias aguas para escapar del gas lacrimógeno durante las masivas protestas antigubernamentales. Nada de eso ayudó.

"El acceso al agua es aún más importante que el acceso a los alimentos para el bienestar nutricional de la población", dijo Susana Raffalli, experta en nutrición en países en crisis. "El agua insegura o contaminada conduce a enfermedades que alteran la estructura biológica necesaria para la nutrición o incluso empeoran la malnutrición".

El agua es un lujo para los venezolanos y un ejemplo más de la corrupción chavista. El régimen autocrático del presidente Nicolás Maduro ha entregado industrias lucrativas a los militares a medida que el colapso económico gana velocidad, desde la región rica en minerales del Arco Minero del Orinoco hasta el control cada vez más preciado sobre comida y agua. Maduro ha promovido a cientos de oficiales desde que asumió la presidencia en 2013; hay alrededor de 1.000 generales, almirantes y oficiales activos y retirados en cargos públicos, y oficiales militares ocupan 9 de los 32 puestos del gabinete.

La semana pasada, el presidente nombró a Evelyn Vásquez, funcionaria de la sanitaria estatal Hidrocapital, como directora de un nuevo ministerio de Agua, una medida que dijo que ayudaría a alcanzar los estándares de acceso y cuidado establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Se suponía que el país habría alcanzado ese hito en 2015, pero la crisis no respetó los calendarios burocráticos.

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