La CIDH urgió a los países americanos crear canales para recibir a los venezolanos que huyen de la crisis

La caótica situación política, económica y social de Venezuela desató una crisis migratoria en muchos países de la región, que no saben cómo contener la ola de personas que huyen desesperadas de la República Bolivariana. El fenómeno ya encabeza la agenda de los principales organismos multilaterales americanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este miércoles a las naciones del continente a implementar medidas que permitan a los venezolanos desplazados acceder a sus territorios de manera segura y con garantías.

La institución sugirió una batería de medidas que faciliten la entrada, integración y regularización de la población venezolana forzada a salir de su país. Las recomendaciones forman parte de una resolución firmada en Bogotá.

Para la CIDH, la "grave crisis política, económica y social que ha sufrido Venezuela durante los últimos años", ha tenido un fuerte impacto en "la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de circulación o la protección judicial" de los ciudadanos.

En el documento difundido ayer, el organismo sostiene que "las violaciones masivas de los derechos humanos", unidas a la crisis alimentaria y sanitaria, han conllevado un crecimiento "exponencial de cientos de miles" de venezolanos forzados a migrar a otros países de la región.

El órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cita los datos del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cifró en 133.574 el número de solicitudes de asilo protagonizadas por venezolanos, y en 350.861 el de aquellas que optaron por otras vías migratorias de estancia legal.

El pedido de la CIDH apunta a la escasez de canales legales y seguros para los migrantes, que ha provocado que muchas personas tengan que recurrir a vías clandestinas. Las medidas propuestas están destinadas a poner fin a ese problema.

Entre los mecanismos sugeridos, resalta garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado para aquellas personas que tengan un temor fundado de que serán víctimas de persecución en Venezuela, en base a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. A su vez, plantea la posibilidad de considerar "respuestas colectivas" en caso de que se produzca un flujo masivo.

Además, recalca la necesidad de implementar protocolos que permitan cumplir con el principio de reunificación familiar y el derecho a la no devolución a territorio venezolano. Las propuestas incluyen la liberalización de visas de fácil acceso, incluso para las personas que no disponen de los documentos requeridos por cuestiones ajenas a su voluntad.

Otro de los aspectos que aborda el documento es el de garantizar el "derecho a la nacionalidad" a personas apátridas o en riesgo de serlo. Por último, refuerza la obligación de preservar y proteger a las víctimas de trata de personas.

(Con información de EFE)

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