Más presión sobre el régimen chavista y más elementos para condenar sus abusos

El peruano Francisco Eguiguren Praeli buscaba adjetivos para describir el deterioro político, institucional y humanitario en Venezuela, pero ya no encontraba más. "Es alarmante, es dramática, es catastrófica, no encuentro la manera de calificar con más énfasis la gravedad de lo que ocurre", dijo.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Venezuela cerraba de esa manera la conferencia de prensa que ofreció en Washington, en la que junto a los máximos responsables del organismo presentó las conclusiones de un extenso informe sobre la calamitosa situación a la que el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a su país.

Sus palabras ilustran sin ambigüedades la enorme preocupación que existe en la región con respecto a Venezuela. Pero al mismo tiempo ponen en blanco sobre negro las limitaciones que tiene la comunidad internacional para torcer el rumbo del chavismo y contribuir a una solución pacífica y democrática en ese país.

El único camino que tenemos, afirmó Eguiguren Praeli, es mantener la presión sobre el régimen de Maduro. "Así salvemos una sola vida, el esfuerzo habrá valido la pena", concluyó. Ahí terminan las competencias de la comisión.

La referencia al riesgo de muerte en la Venezuela chavista no fue casual. Sólo en 2017, según constató la CIDH, se registraron al menos 124 muertes y miles de detenciones durante las protestas de opositores al régimen. Estas detenciones se complementaron "con actos de tortura y abusos incluso sexuales en un contexto de altísimos índices de violencia".

A lo largo de 267 páginas, la CIDH documentó minuciosamente la situación de grave deterioro político e institucional en Venezuela y su impacto negativo en la vigencia de los derechos humanos, con un incremento "alarmante de la represión, la violencia y la inseguridad ciudadana".

Denunció además la ausencia de una justicia independiente, acompañada de altísimos niveles de corrupción, y condenó los esfuerzos que ha desarrollado el régimen chavista para restringir la libertad de expresión y acallar las críticas.

Lo que más preocupa al organismo, sin embargo, son las gravísimas carencias cotidianas que padecen millones de venezolanos. "Es prioritario que el gobierno de Venezuela atienda la urgencia de la situación de la población", exigió Eguiguren Praeli.

Aunque faltan cifras oficiales y las que hay no reflejan la realidad, la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) Soledad García Muñoz observó que "nueve de cada diez venezolanos se encuentran en situación de riesgo alimentario".

Sostuvo además que hay una grave escasez de medicamentos y un colapso de los servicios hospitalarios. "El objetivo del informe es defender y proteger a las personas que viven bajo la jurisdicción del Estado venezolano", resumió el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrâo.

Hay por lo tanto un diagnóstico claro. Y el temor extendido es que el nuevo llamado a elecciones en Venezuela agrave este cuadro.

El futuro de Venezuela

Pero las iniciativas internacionales han servido hasta ahora para condenar la gravedad de la situación en Venezuela y generar conciencia más que para encontrar salidas institucionales.

En esto último trabajan la OEA, el Grupo de Lima y la diplomacia regional y europea. El caso venezolano fue de hecho uno de los ejes principales de la gira que hizo días atrás el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, por varios países latinoamericanos.

El fin declarado de la CIDH es que su evaluación sea utilizada por la comunidad internacional en su objetivo de incrementar la presión sobre el régimen de Maduro y aportar elementos "a los esfuerzos jurídicos, políticos y diplomáticos" para encontrar una solución a la crisis, según indicó Abrâo.

Una copia del informe le fue entregada a primera hora del día a Luis Almagro, secretario general de la OEA, que desde septiembre evalúa también la situación en Venezuela a través de un panel de expertos.

El propio Almagro celebró la semana pasada la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de analizar si el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad.

Hay ahí una línea de puntos que no es difícil completar. Aunque la competencia de la CIDH tiene que ver con la responsabilidad internacional de los estados y, como dijo su presidente, "no con el señalamiento o sanción de responsabilidades individuales, de autoridades o gobernantes", los datos contenidos en el trabajo que se presentó en Washington abonan la tarea del panel de expertos convocado por la OEA y también la evaluación que la CPI hace de los crímenes cometidos por el régimen chavista.

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