Trump no renuncia a tomar el control de las elecciones, a pesar de una derrota en la Corte Suprema

El máximo tribunal de EE. UU. frustró los esfuerzos del presidente Trump por restringir las boletas electorales por correo, pero la batalla para afirmar su control sobre el proceso electoral sigue.

La Corte Suprema le asestó un duro golpe al presidente Donald Trump el lunes cuando bloqueó su orden ejecutiva para restringir el voto por correo. Sin embargo, la batalla de Trump para imponer su control sobre el proceso electoral aún no termina.

El intento frustrado de hacer que el Servicio Postal de Estados Unidos revisara las papeletas de voto por correo fue solo una pieza de un esfuerzo más amplio que implicaba el uso de todo el poder del gobierno federal para tomar un mayor control de las elecciones organizadas por los estados.

Pocos días antes de que la Corte Suprema bloqueara la orden de Trump sobre el voto por correo, el Departamento de Justicia envió cartas amenazantes a por lo menos 30 altos funcionarios electorales en todo el país, intensificando una lucha para obtener acceso a datos privados de los votantes y registros electorales.

Agentes federales revisan minuciosamente los padrones electorales administrados por los estados en busca de personas no ciudadanas, a pesar de la falta de pruebas de un fraude generalizado. Hace poco, el secretario de Seguridad Nacional de Trump presionó para que se investigara si se puede confiar en una máquina de votación de uso común, con lo que sembró dudas sobre los sistemas de votación digital.

"Esto está lejos de terminar", dijo Benjamin Hovland, quien este año fue destituido por el gobierno de Trump de la Comisión de Asistencia Electoral, un organismo independiente y bipartidista.

Hovland reconoció que la decisión de la Corte Suprema mitigó el "impacto en el mundo real" para los votantes y los trabajadores electorales, en particular porque los votantes de algunos estados ya han comenzado a enviar sus boletas por correo. Pero dijo que las acciones de Trump eran alarmantes.

"Lo que vemos es el uso del aparato del gobierno, el uso de agencias federales, el uso del dinero de los contribuyentes, para impulsar esa narrativa que solo debilita la confianza en nuestra democracia y, en última instancia, perjudica a los votantes y a los funcionarios electorales", dijo Hovland.

Trump argumenta que intenta asegurar la integridad del voto, pero sus afirmaciones de fraude generalizado en el sistema electoral han sido investigadas y desmentidas repetidamente, y los críticos dicen que sus acciones siembran dudas de manera innecesaria sobre el resultado de la votación.

El martes, Trump arremetió contra el fallo de la Corte Suprema, al que calificó de "horrible, sumamente político", y criticó a los tres jueces que nombró durante su primer mandato.

"Es una Corte que pasará a la historia por haber emitido algunas de las decisiones más destructivas, dolorosas y perjudiciales en la historia de nuestro país", dijo Trump en las redes sociales.

Pero la decisión de la Corte Suprema del lunes fue más la excepción que la regla a la hora de poner límites al poder de Trump en su segundo mandato. Durante su primer mandato, sus intentos de socavar los resultados electorales en 2020 se encontraron con un fuerte rechazo no solo de los tribunales, sino también de los propios funcionarios de su gobierno. En su retorno a la Casa Blanca, Trump se ha rodeado de personas leales dispuestas a convertir su obsesión por los sistemas electorales del país en una ofensiva de acciones federales. También ha instalado a negacionistas electorales en puestos clave.

Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema se sumó a una serie de derrotas cada vez más numerosas para Trump, quien dijo este año que quería "tomar el control" y nacionalizar las elecciones. Incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, dos jueces de tribunales inferiores dictaminaron que los cambios de Trump en la votación por correo eran muy probablemente ilegales y no debían imponerse tan cerca de las elecciones de noviembre.

Los abogados del gobierno de Trump habían instado a la Corte Suprema a intervenir y allanar el camino para su plan de utilizar el Servicio Postal para revisar los sobres de las boletas después de que fueran enviados por los funcionarios electorales estatales. Las nuevas reglas requerirían que los estados entreguen listas de los votantes autorizados a recibir boletas por correo. El Servicio Postal entonces entregaría las boletas únicamente a los votantes incluidos en esas listas.

Además de la derrota del lunes, los otros intentos de Trump de presionar a los estados sobre el proceso electoral han enfrentado reveses legales.

El Departamento de Justicia ha demandado a 30 estados para obtener listas de votantes sin censurar, que incluyen información personal como números de licencias de conducir y números parciales del Seguro Social.

Han perdido 23 de esos casos. En los demás, la decisión está pendiente.

Las acciones federales, así como las diversas decisiones judiciales, han causado alarma entre los funcionarios electorales locales y los votantes, según los expertos electorales.

Este mes, los principales funcionarios electorales de siete estados controlados por los republicanos presentaron un escrito ante la Corte Suprema argumentando que, faltando menos de dos meses para el día de las elecciones, era demasiado pronto para realizar cambios importantes en el proceso electoral.

Algunos estados, incluidos Carolina del Norte, Delaware y Alabama, ya habían enviado sus boletas por correo, incluso antes de que la Corte Suprema emitiera una decisión final.

"Intentar implementar la regla ahora casi con toda seguridad conducirá a errores, retrasos y confusión tanto para los votantes como para los funcionarios electorales", indicaba el escrito.

Pero no fue solo la norma pendiente del Servicio Postal la que causó confusión y desestabilizó la coordinación entre los funcionarios electorales locales y el gobierno federal.

El gobierno también le ha pedido a la Corte Suprema que intervenga para permitirle avanzar con un esfuerzo de crear listas de ciudadanía mediante la fusión de datos de diversas agencias, incluido el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social. Hasta ahora, un tribunal inferior ha bloqueado el uso de esa herramienta, que, según funcionarios del gobierno, es necesaria para verificar la ciudadanía a efectos electorales, entre otros fines.

En julio, Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, amenazó a los funcionarios electorales en un discurso y dijo que podrían enfrentar penas de prisión si no cumplían con los esfuerzos del gobierno de Trump por cambiar las políticas electorales. Los funcionarios del Departamento de Justicia también han analizado si podrían presentar cargos penales contra los funcionarios electorales estatales o locales si el gobierno determinaba que no habían protegido adecuadamente sus sistemas informáticos.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, está exigiendo que los estados cambien la forma en que llevan a cabo las elecciones o se arriesguen a perder decenas de millones en fondos federales para la prevención del terrorismo.

Kimball Brace, el presidente de Election Data Services, una organización que trabaja con los gobiernos locales en la preparación de las elecciones, dijo que no esperaba que la decisión de la Corte Suprema detuviera el esfuerzo de Trump para seguir adelante con sus sus reclamos sobre el proceso electoral.

"No preveo que la gente del lado republicano no quiera seguir impulsando su versión de los hechos tanto como sea posible", dijo Brace.

La desconfianza en el proceso electoral entre los votantes va en aumento antes de las elecciones de noviembre. Una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y USAFacts mostró que solo el 34 por ciento de los adultos estadounidenses confían en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales "mucho" o "bastante", una disminución respecto al 40 por ciento en 2024.

Trump también ha desmantelado la infraestructura de seguridad electoral del gobierno. Los expertos advierten que sus recortes a las agencias encargadas de coordinar la seguridad electoral con los gobiernos estatales podrían reducir la visibilidad de las campañas de influencia extranjera y los ciberataques.

Brace dijo que todas las acciones ejecutivas han aumentado la presión sobre los funcionarios electorales locales.

"No quieren lidiar con esta presión descabellada que varios intereses y varios individuos han ejercido sobre la administración electoral", dijo.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca para el Times, y cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.