Cómo Trump utiliza el poder para reprimir la libertad de expresión

El Departamento de Justicia ha enviado agentes del FBI a los hogares de periodistas para entregar citaciones y, en al menos un caso, mostró una orden judicial para confiscar dispositivos. El Pentágono ha despedido al editor y al director de su periódico tradicionalmente independiente, Stars and Stripes, y bloqueó el acceso a otros periodistas que se negaron a firmar compromisos que limitarían sus reportajes.

Las agencias reguladoras usan sus poderes para presionar a las organizaciones de medios sobre su contenido. El gobierno ha recortado la financiación de la televisión y la radio públicas. Enojado por historias que no le gustan, el presidente Donald Trump ha demandado a importantes organizaciones de noticias y la Casa Blanca ha tomado el control del grupo de prensa, previamente independiente, que sigue al presidente y decide qué medios pueden participar.

A casi 20 meses del inicio del segundo mandato de Trump, sus prolongados enfrentamientos con los medios se han convertido en una campaña de gran alcance para controlar la libertad de expresión en Estados Unidos; una campaña que destaca por aplicar muchas estrategias, muy rápido y todas a la vez.

Impulsado por el resentimiento personal, la furia por las filtraciones de información y la determinación de moldear la narrativa política a su favor, Trump despliega el poder del gobierno federal y presenta demandas personales, dirigidas no solo a periodistas y críticos liberales, sino también a comediantes y presentadores de programas de entrevistas, y a las entidades corporativas que los respaldan.

Para el presidente y sus aliados, él solo exige que se rindan cuentas por lo que describe como una cobertura y críticas sesgadas, injustas y a veces inexactas; un esfuerzo que ha sido bien recibido por antiguos críticos conservadores de la prensa, como los del Media Research Center.

Sus asesores señalaron que, este año, la Casa Blanca ha ampliado el grupo de invitados a cubrir eventos, como el almuerzo presidencial extraoficial con presentadores de televisión que precede al discurso anual del Estado de la Unión.

En un comunicado, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo que "los reportajes sesgados de los medios son un flaco favor para el pueblo estadounidense". Al señalar la gran cantidad de sesiones de preguntas y respuestas que Trump mantiene con los periodistas como evidencia de un "acceso sin precedentes", agregó: "Utilizamos todas las herramientas disponibles para garantizar que se proporcione información precisa al público y que la mancha de quienes difunden a sabiendas información falsa rinda cuentas".

Los defensores de la libertad de expresión dicen que la intención del presidente es evidente: castigar, intimidar y silenciar a los disidentes.

"No pasa una semana sin que tomen un nuevo paso para restringir la libertad de prensa en el país", dijo Clayton Weimers, el director ejecutivo de la división de Norteamérica de Reporteros Sin Fronteras. "Hemos medido una disminución sustancial de las libertades de prensa".

Cuando se les ha impugnado en los tribunales, el presidente y el gobierno con frecuencia han perdido, y se han enfrentado a fallos enérgicos de jueces que afirman los derechos de la Primera Enmienda.

Aun así, incluso el camino hacia la victoria legal puede tener graves costos financieros y para la reputación de aquellos a quienes considera adversarios, entre los que se incluyen The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC. Y cada vez que el presidente ataca lo que durante mucho tiempo se ha considerado una expresión protegida, dicen los analistas de medios, erosiona las normas y socava el papel de una prensa independiente.

Reporteros Sin Fronteras mantiene un índice que rastrea la libertad de prensa en 180 países, y registra las amenazas gubernamentales, las citaciones y el uso vengativo de las regulaciones contra los periodistas. Estados Unidos ahora se ubica en su nivel más bajo desde que la organización comenzó el índice en 2002: el lugar 64, justo por encima de Panamá y justo por debajo de Botsuana. La tendencia es la misma en índices similares mantenidos por la Freedom of the Press Foundation y el V-Dem Institute de Suecia.

Existe un largo historial de presidentes de Estados Unidos que han tomado medidas para restringir la libertad de expresión. El presidente Woodrow Wilson impuso una estricta censura y obligó a los editores disidentes a cerrar durante la Primera Guerra Mundial. Richard Nixon mantuvo una lista de enemigos, y sus asesores amenazaron con acciones de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones, por su sigla en inglés) contra las emisoras. De manera más reciente, la Casa Blanca de George W. Bush expandió el secretismo gubernamental y el gobierno de Barack Obama persiguió a las fuentes de los periodistas mediante investigaciones de filtraciones.

Trump había arremetido contra el gobierno de Joe Biden por lo que él y sus partidarios describieron como una presión draconiana sobre las empresas de redes sociales para censurar contenido desfavorable, a menudo a costa suya, y prometió en su segunda toma de posesión "detener toda la censura gubernamental".

Ahora su gobierno abre nuevos caminos para sofocar la disidencia mediante demandas personales y usos novedosos del poder ejecutivo, según abogados veteranos de la Primera Enmienda, con implicaciones que se extienden mucho más allá de la presidencia de Trump.

"Vivimos en un mundo diferente bajo este gobierno porque las amenazas son muy graves", dijo Floyd Abrams, quien ha trabajado en casos de libertad de expresión durante 60 años. "Una cosa es decir que hay una Primera Enmienda extraordinariamente poderosa, pero a menos que y hasta que los tribunales se pronuncien sobre estos asuntos, la amenaza es muy real".

Aprovechar el poder del gobierno

Mucho antes de asumir el cargo, Trump era muy conocido por sus disputas con los medios. Como desarrollador inmobiliario y estrella de telerrealidad, se apresuraba a amenazar con demandas por difamación contra quienes cuestionaban sus afirmaciones sobre sus éxitos comerciales y su riqueza.

Trump ha sido franco sobre su objetivo: infligir dolor, aunque fuera pasajero. Después de presentar una demanda fallida por difamación contra el exreportero del Times Timothy L. O'Brien, cuyo libro TrumpNation estimó que Trump valía mucho menos de lo que afirmaba, el presidente se jactó de obligar al editor a gastar dinero. "Lo hice para hacerle la vida miserable, y estoy contento con ello", dijo.

En su primer mandato, el presidente tachó a los periodistas de "noticias falsas" y atacó crudamente a los reporteros, especialmente a las mujeres.

En su segundo mandato, Trump ahora imprime su enfoque pugilístico en toda la maquinaria del gobierno federal. Aquellos que alguna vez podrían haberlo controlado han sido reemplazados por leales que a menudo usan su poder para satisfacer el deseo de Trump de castigar a quienes considera sus enemigos.

Poco después de su toma de posesión, la Casa Blanca prohibió a The Associated Press el acceso al Despacho Oval y al Air Force One, supuestamente porque la agencia de noticias se negaba a llamar al golfo de México por el nombre preferido de Trump, el golfo de América. Otra razón para la prohibición: la AP no quiso dar al equipo de Trump los derechos de su foto del presidente, ensangrentado con el puño en alto, después de que le dispararan en Butler, Pensilvania, en 2024. En un almuerzo privado con Trump y presentadores de televisión el año pasado, los asesores de la Casa Blanca vincularon la prohibición a la AP con la negativa de los derechos de la foto, según dos personas informadas sobre el evento.

El equipo de Trump no se disculpa por su objetivo de lograr un control más firme sobre el entorno de la información nacional, lo que Cheung, el director de comunicaciones, ha apodado en una publicación en las redes sociales, "Dominio de Espectro Completo".

Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones y uno de los partidarios más agresivos de los esfuerzos de Trump, ha dicho que el presidente está "remodelando el panorama mediático".

Citando a las grandes cadenas de transmisión, Carr le dijo a un entrevistador de CNBC el año pasado que "durante años los funcionarios del gobierno simplemente permitieron que esas entidades, con ejecutivos en Hollywood y Nueva York, dictaran la narrativa política". Trump, agregó, ha "cambiado radicalmente las reglas del juego".

Una de las estrategias del gobierno de Trump pareció arraigarse en una disputa entre Elon Musk y el grupo de vigilancia de la prensa liberal Media Matters for America.

En 2023, Musk estaba furioso por un artículo de Media Matters que mostraba que publicaciones pronazis aparecían en su plataforma de redes sociales X junto a publicaciones promocionales de las principales marcas de consumidores, lo que contribuyó a un éxodo de anunciantes del sitio.

Un asesor de Trump de larga data, Stephen Miller, recurrió a X para señalar de manera enfática que los fiscales generales de los estados republicanos tenían el poder de considerar cargos de fraude civil y penal contra el grupo. En poco tiempo, Musk demandó a Media Matters por supuestamente manipular el algoritmo de X para producir sus resultados, la oficina del fiscal general de Texas abrió una investigación sobre prácticas comerciales engañosas y el fiscal general de Misuri siguió con su propia investigación.

Media Matters obtuvo medidas cautelares que bloquearon las investigaciones de Texas y Misuri. Pero poco después de que Trump volviera a asumir el cargo, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés), recién encabezada por el abogado conservador Andrew Ferguson, comenzó su propia investigación, y exigió documentos internos relacionados con la metodología de Media Matters para evaluar las fuentes de los medios y sus finanzas.

La investigación formaba parte de una indagación más amplia de la FTC sobre si varios grupos que trabajan para identificar la desinformación en línea estaban en connivencia con empresas de publicidad para desviar fondos de medios que no aprobaban. Los conservadores veían este asunto como fundamental para lo que algunos denominaron un "complejo industrial de la censura".

Una jueza federal en Washington determinó finalmente que la investigación de la FTC sobre Media Matters presentaba "una clara violación de la Primera Enmienda".

Pero la pelea resultó costosa para Media Matters. Además de pagar honorarios legales, el grupo dijo que había autocensurado artículos para evitar un mayor escrutinio de la agencia. (Todavía se defiende contra la demanda de Musk).

La FTC también investigó a NewsGuard, un sitio que califica la confiabilidad de la información en línea. Es declaradamente apartidista en su enfoque; Fox News, por ejemplo, califica por encima de MS NOW.

En documentos judiciales, NewsGuard dijo que llamó la atención en parte porque le había dado una calificación baja al sitio conservador Newsmax, que es dirigido por un aliado de Trump, Chris Ruddy. Ruddy se había quejado de que las agencias de publicidad se basaban en las calificaciones de NewsGuard para retener dinero de medios de tendencia derechista como el suyo.

La FTC adoptó una estrategia diferente que, según NewsGuard, la afectaba directamente, en relación con la fusión de dos de las mayores sociedades de publicidad del país, Omnicom e Interpublic Group. La FTC firmó un decreto de consentimiento con la empresa resultante de la fusión, prohibiéndole, entre otras cosas, utilizar de forma generalizada clasificaciones como las publicadas por NewsGuard para retener la inversión publicitaria de ciertos sitios web, entre otras cosas. (Aún podría seguir las solicitudes de clientes individuales para hacerlo).

En una demanda presentada en febrero, NewsGuard dijo que la disposición lo colocó de manera efectiva en una lista negra, lo que le causó una pérdida inmediata de clientes.

Al final, la FTC abandonó sus investigaciones sobre NewsGuard y Media Matters, y dijo que había logrado su objetivo de defender la libertad de expresión a través de acuerdos con empresas de publicidad. Dijo que cumplía su misión de proteger a los consumidores de comportamientos anticompetitivos que "distorsionaban el mercado de las ideas", como lo expresó Ferguson.

Dan Schneider, vicepresidente de libertad de expresión del grupo de vigilancia conservador Media Research Center, describió las acciones de la FTC y la FCC como una corrección contra los abusos cometidos bajo los últimos dos presidentes demócratas. "Por favor, no olvidemos la historia y reescribamos todo lo que ocurrió antes", dijo Schneider.

Pero Rebecca Kelly Slaughter, una comisionada demócrata de la FTC despedida por Trump el año pasado, dijo en una entrevista que las acciones de la agencia eran "una perversión de las autoridades de la FTC con el fin de castigar el discurso de los supuestos enemigos y recompensar a los supuestos aliados".

'Profundamente antiestadounidense'

Gran parte de la acción del gobierno ha sido liderada por Carr. Se sabe que el abogado veterano de la FCC frecuenta los clubes de golf del presidente cuando Trump está allí los fines de semana y a menudo habla con el presidente directamente sobre sus quejas con los medios de noticias, según personas informadas sobre sus conversaciones.

Ha doblegado a la FCC a la voluntad del presidente al investigar a las principales cadenas de televisión y radiodifusión mediante la reactivación de normas prácticamente inactivas, como las que están en contra de la llamada distorsión de noticias, cuyo objetivo es castigar la escenificación o distorsión deliberada de un evento noticioso. Carr también ha perseguido a las cadenas por sus prácticas de diversidad, equidad e inclusión, indagando si violan la ley federal y las regulaciones de la agencia, una táctica que el gobierno ha usado con un efecto significativo contra universidades y bufetes de abogados.

Al principio, Carr extrajo concesiones extraordinarias de Skydance, la compañía dirigida por el ejecutivo de estudios David Ellison, hijo del multimillonario aliado de Trump, Larry Ellison, en su intento por adquirir Paramount, la empresa matriz de CBS. Para asegurar la aprobación de la FCC para la fusión, Skydance acordó poner fin a las políticas de diversidad de CBS y nombrar a un supervisor para controlar el sesgo de las noticias. (Desde entonces, Trump ha mostrado un interés en apoyar el intento de los Ellison de comprar Warner Bros. Discovery, propietaria de CNN).

Los críticos, entre ellos presidentes de la FCC de gobiernos republicanos pasados, han dicho que Carr está excediendo su autoridad. Carr dice que simplemente sigue la ley al requerir que las emisoras sirvan al interés público de formas que, según dice, sus predecesores no habían logrado hacer.

Trump está claramente complacido con el esfuerzo de Carr para resolver el llamado problema de las noticias falsas, como lo expresó en un discurso en abril en un evento privado de la Casa Blanca previo a las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

"Mantiene honestas a estas cadenas corruptas", dijo Trump al ver a Carr en la multitud, y describió a su designado como "el hombre más poderoso del mundo".

Después de que Trump pidiera recientemente un castigo para la presentadora de NBC Kristen Welker por reportajes que no le gustaron, y sugiriera una acción de la FCC contra la transmisión de "encuestas falsas", Carr respondió diciendo que la agencia estaba considerando "muchas acciones", incluso sobre las "encuestas falsas".

Ninguna cadena ha soportado el peso de la ira del presidente tanto como la cadena ABC, propiedad de Disney.

La animadversión de Trump hacia ABC creció en 2024, cuando la demandó por la caracterización que hizo el presentador George Stephanopoulos del veredicto en el caso de difamación presentado por E. Jean Carroll, quien acusó a Trump de abuso sexual. ABC llegó a un acuerdo por 15 millones de dólares.

En el segundo mandato del presidente, su enojo ha aumentado ya que el comediante nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, lo ha convertido en el blanco habitual de sus bromas.

El año pasado, la FCC abrió una investigación sobre las políticas de contratación de diversidad e inclusión de la cadena y revivió la queja de un grupo conservador sobre el debate presidencial de ABC en 2024.

A principios de este año, la agencia buscó exigir que su programa de entrevistas The View siguiera las llamadas reglas de igualdad de tiempo para los candidatos políticos, a pesar de que la FCC había acordado previamente que el programa calificaba para una exención.

En abril, después de que Trump y la primera dama exigieran que ABC despidiera a Kimmel por una broma que hizo acerca de que ella era una "futura viuda", la FCC inició una revisión anticipada de las licencias federales que las estaciones de la ABC necesitan para operar, años antes de que vayan a expirar.

La agencia nunca había presentado una impugnación masiva de este tipo contra las licencias de las estaciones de una cadena importante. Dijo que lo hacía porque ABC se había mostrado deficiente en sus respuestas a la investigación sobre diversidad e inclusión.

La ABC ahora combate las acciones de la agencia, que calificó de "profundamente antiestadounidenses".

La cadena ha pedido a un tribunal federal que intervenga de inmediato, con el argumento de que Carr de hecho usaba el proceso de aplicación de la agencia para llevar a cabo una "campaña de represalias" que ya afecta negativamente sus decisiones de programación.

Por temor a represalias, la ABC decidió transmitir en vivo por internet un discurso en horario estelar que Trump dio sobre seguridad electoral, lo cual no habría hecho de otra manera, y evitó ciertas entrevistas y videoclips en The View, dijo la cadena en documentos judiciales.

También denunció exigencias onerosas de documentos por parte de la FCC, incluidas comunicaciones del personal del interior de The View y políticas editoriales internas de ABC News.

"No tiene precedentes buscar estos registros porque son parte de la toma de decisiones editoriales", dijo en una entrevista Anna Gomez, la única comisionada demócrata de la FCC. "Todo es una estrategia y herramientas para intimidar a las emisoras hasta que se sometan".

Carr ha calificado la demanda de la ABC de carente de mérito. Este mes, la FCC promovió que se desestime el caso, con el argumento de que la ABC simplemente trataba de interrumpir una investigación de la agencia mientras exageraba los daños a sus derechos de libre expresión.

'Fuera de lo común'

Trevor Timm, el director ejecutivo de la Freedom of the Press Foundation, un grupo sin fines de lucro que rastrea las violaciones a la libertad de prensa en Estados Unidos, dijo que las medidas del gobierno "ciertamente han subido al nivel donde están algo fuera de lo común".

Los esfuerzos del gobierno para citar a periodistas e inhibir sus reportajes mediante amenazas están en el nivel más alto desde que la fundación comenzó a rastrear incidentes en 2017.

Y como ciudadano privado, Trump ha presentado demandas contra una amplia gama de objetivos, incluidos el periódico Guardian, el periodista Bob Woodward y la junta del Premio Pulitzer; batallas legales a menudo financiadas por su comité de acción política, que a su vez es financiado por donantes.

Muchas de las medidas también han provocado severas reprimendas y preocupación por parte de los jueces.

Ese fue el caso después de que, en enero, el FBI ejecutara una orden de allanamiento en la casa de una reportera de The Washington Post y confiscara varios de sus dispositivos, como parte de una investigación sobre el manejo de material clasificado por parte de un contratista. En febrero, el juez William B. Porter reprendió al gobierno y prohibió a los funcionarios revisar de manera inmediata los materiales de la reportera, diciendo que actuar de otro modo sería "el equivalente de dejar al zorro del gobierno a cargo del gallinero de The Washington Post".

Al evaluar una demanda que Trump ha presentado personalmente contra The Des Moines Register por una encuesta publicada que lo mostraba como rezagado en Iowa en 2024, un juez expresó su preocupación de que permitir que la demanda proceda podría tener "un efecto paralizante masivo".

Después de que, en julio, un juez cuestionara duramente a los abogados del gobierno sobre las citaciones para obtener registros telefónicos y testimonios de periodistas del Times que informaron sobre las capacidades de seguridad del nuevo avión Air Force One donado por Catar, el Departamento de Justicia retiró las citaciones.

En ese momento, David McCraw, el abogado principal de la redacción del periódico, llamó al resultado "una importante afirmación del compromiso de nuestro país con una prensa libre", pero agregó en un comunicado que las citaciones "nunca deberían haberse emitido en primer lugar".

Al ponerse del lado del Times en un desafío a las restricciones para los reporteros en el Pentágono, el juez Paul Friedman del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia escribió en marzo: "Quienes redactaron la Primera Enmienda creían que la seguridad de la nación requiere una prensa libre y un pueblo informado y que dicha seguridad está en peligro por la represión gubernamental de la libertad de expresión política".

Tras la victoria inicial del Times en los tribunales, los funcionarios del Pentágono eludieron el fallo y volvieron a limitar el acceso de los periodistas al edificio. El Times volvió a demandar. Esta vez, un panel de apelaciones permitió que se mantuviera una nueva restricción clave, al menos temporalmente: los reporteros deben tener escoltas dentro del Pentágono, donde antes tenían acceso libre.

La regla sigue vigente mientras avanza la lucha legal.

Jim Rutenberg es un colaborador del Times y The New York Times Magazine, y principalmente escribe sobre medios de comunicación y política.

Maggie Haberman es corresponsal de la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.