Un excongresista de Florida es condenado por cabildear en secreto por Venezuela

La petrolera estatal venezolana contrató a la consultora de David Rivera por 50 millones de dólares para influir en miembros del Congreso y de la Casa Blanca.

Un jurado federal condenó el viernes al excongresista David Rivera, de Florida, al declararlo culpable de asociación delictuosa y otros cinco delitos por cabildear en secreto ante funcionarios en Washington en nombre del gobierno venezolano en 2017 y 2018.

Los fiscales presentaron pruebas durante el juicio de cinco semanas celebrado en Miami que mostraban que la compañía petrolera estatal de Venezuela había contratado en secreto a la empresa consultora de Rivera por 50 millones de dólares para presionar a miembros del Congreso y de la Casa Blanca en favor de un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

La revelación contradecía la imagen pública que Rivera, republicano, había presentado de sí mismo. Hizo carrera política, primero como legislador estatal y después como congresista, como un estridente anticomunista. Rivera fue congresista de 2011 a 2013.

Anteriormente había sido objeto de varias investigaciones estatales y federales por irregularidades en la campaña. En la causa penal también fue declarado culpable de no registrarse como agente extranjero y de lavado de dinero, y se enfrenta a unos 10 años de prisión. Tiene programado recibir la sentencia el 20 de julio.

Después de que el jurado emitió su veredicto de culpabilidad, los fiscales dijeron que Rivera representaba un riesgo potencial de fuga y debía ser enviado inmediatamente a prisión. Uno de sus abogados defensores, David S. Weinstein, argumentó que no existía riesgo de fuga, señalando a los dos hijos pequeños que tiene con su exesposa en la zona de Atlanta.

La jueza Melissa Damian, del Tribunal Federal de Distrito de Miami, se mostró de acuerdo con los fiscales y ordenó a los alguaciles que detuvieran a Rivera. Rivera mostró poca emoción ante el tribunal.

Sus abogados defensores en la causa penal habían argumentado que Rivera no trabajaba para el gobierno de Nicolás Maduro, sino que intentaba subrepticiamente derrocarlo. También dijeron que Rivera no necesitaba registrarse como agente extranjero porque el contrato de su empresa era con una compañía estadounidense, PDV USA, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, y no con la propia empresa estatal.

El jurado de 12 integrantes también condenó a una de las socias de Rivera, Esther Nuhfer, por cuatro cargos. Los fiscales dijeron que Rivera, de 60 años, repartió las ganancias secretas del contrato, que finalmente ascendieron a unos 20 millones de dólares después de que la empresa rescindió el contrato, con Nuhfer y dos personas que no fueron acusadas en el caso. Nuhfer, de 52 años, es una consultora política afincada en Miami. Damian concedió la libertad bajo fianza a Nuhfer.

Los abogados de Rivera y de Nuhfer dijeron que apelarían.

Roger Cruz, fiscal asistente de EE. UU. y líder de la parte acusadora, dijo en su alegato final del martes que Rivera y Nuhfer decidieron mantener el contrato en secreto por "codicia".

"Si no lo hubieran mantenido en secreto, no habrían recibido ni un centavo", dijo. "Si alguien se enteraba, sus carreras habrían terminado".

El juicio atrajo una gran atención cuando empezó porque los fiscales convocaron al Secretario de Estado Marco Rubio para que testificara contra Rivera, su viejo amigo y antiguo compañero de casa en Tallahassee cuando ambos eran parte de la legislatura de Florida.

Rubio, a quien no se ha implicado en ningún delito, era senador republicano de Florida en los años en que Rivera cabildeaba en secreto a favor de Venezuela. Rubio mantuvo dos reuniones con Rivera en esa época y declaró ante el tribunal que no tenía ni idea del contrato secreto de Rivera.

Otros testigos de la acusación fueron Brian Ballard, un importante miembro de un grupo de cabildeo y uno de los principales recaudadores de fondos del presidente Donald Trump, y Hugo Perera, uno de los otros dos hombres que admitieron haber participado en la trama delictiva. Perera no fue acusado porque accedió a declarar contra Rivera y Nuhfer.

Perera dijo que Rivera y Nuhfer habían mantenido en secreto el contrato porque sabían que crearía un escándalo político si se hacía público. Los abogados defensores señalaron que Perera, un promotor inmobiliario que había cumplido condena por tráfico de cocaína y fraude fiscal en la década de 1990, pudo quedarse con los aproximadamente 5 millones de dólares que ganó con el acuerdo con Venezuela.

Uno de los testigos de la defensa fue el congresista Pete Sessions, republicano por Texas, quien declaró que trabajó con Rivera en 2017 para intentar persuadir a Maduro de que renunciara y celebrara elecciones presidenciales. Sessions también dijo que entonces no sabía nada del contrato secreto de Rivera con la empresa venezolana.

Edward R. Shohat, uno de los abogados defensores de Rivera, dijo a los integrantes del jurado en su alegato final que los fiscales habían intentado confundirlos. "Lo único que pretendía era destituir a Maduro", dijo Shohat refiriéndose a Rivera.

David O. Markus, abogado defensor de Nuhfer, dijo que ella había firmado el contrato "de buena fe", creyendo que era con una filial estadounidense. Nunca, "ni en mil millones de años", habría intentado ayudar al gobierno de Maduro, dijo Markus.

Patricia Mazzei es la reportera principal del Times en Miami y cubre Florida y Puerto Rico.