Violencia machista y xenofobia en Ecuador

María Sol Borja es periodista, docente y traductora. Ha sido reportera de televisión y colabora en medios ecuatorianos e internacionales.

QUITO — Diana Carolina fue asesinada el 19 de enero en plena vía pública en el centro de Ibarra, una ciudad en el norte de Ecuador. Su pareja la tuvo como rehén durante horas, amenazada con un cuchillo. "O mía o de nadie", gritaba el agresor según unos testigos.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, no demoró en pronunciarse a través de su cuenta de Twitter con un comunicado desafortunado. Advirtió que su prioridad es la integridad de "nuestras madres, hijas y compañeras" y anunció la conformación de "brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera" y la posibilidad de crear un permiso especial para la entrada a Ecuador.

Ante un feminicidio, Moreno decidió centrarse en un detalle aparentemente menor: la nacionalidad del agresor. Ignorando el trasfondo del problema —la violencia de género sistémica en el país—, la nacionalidad del asesino le permitió al presidente desplazar el problema del machismo en Ecuador para enfocarse en la migración desde Venezuela. Se trata de un error muy grave: no atiende el abandono judicial de las víctimas de violencia de género y sí promueve la xenofobia ante una crisis migratoria que afecta a toda la región.

Las cifras de violencia de género en Ecuador son alarmantes. Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que registra los femicidios en el país confirmó que en los últimos cuatro años aproximadamente seiscientas mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Solo en 2018 fueron 88. El 66 por ciento de los asesinos fueron sus parejas o exparejas, como sucedió en el caso de Diana Carolina.

La misma semana del feminicidio de Diana Carolina, Martha, una mujer de 35 años, fue drogada, violada y casi asesinada en un bar por tres hombres, dos de ellos eran sus amigos. Sin embargo, Moreno no se pronunció sobre ese caso ni promovió la situación judicial de las mujeres sobrevivientes de la violencia machista como un problema nacional. Tampoco lo hizo después del asesinato de Diana: cuando decidió concentrarse en la nacionalidad de su asesino obvió los numerosos casos de hombres que asesinan a sus parejas y eludió el hecho de que la víctima había hecho llamadas de auxilio a la policía ecuatoriana.

Optó por abordar un problema con la versión más simple: la delincuencia. Incluso simple si le aumenta un componente de xenofobia: la delincuencia de venezolanos. Eso evita entrar en un debate más complejo sobre la situación de las mujeres en Ecuador, sobre la violencia que viven, sobre la ausencia de mecanismos jurídicos para denunciar sus casos.

La primera autoridad del país, la llamada a ser la voz ecuánime y sensata en circunstancias tan violentas, hizo todo lo contrario. Con su mensaje avaló los ataques físicos y verbales en contra de migrantes venezolanos en Ecuador: de acuerdo con la Fundación Venezolanos en el Exterior, se registraron 82 agresiones a venezolanos en distintas ciudades.

La estrategia de buscar el enemigo en el foráneo parece haber funcionado bien en otros países: el Brasil de Jair Bolsonaro o los Estados Unidos de Donald Trump. Ponerle rostro extranjero al enemigo local es más sencillo que ir al fondo de los problemas de las sociedades violentas y misóginas.

Señalar la nacionalidad del agresor es un sinsentido que solo se explica en la búsqueda desesperada de razones que justifiquen la aplicación de medidas aislacionistas. O la insistencia en negarse a ver dos problemas que no son ajenos a la región: según cifras del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, se registraron al menos 2795 femicidios en veintitrés países. Por otro lado, la ONU ha catalogado el éxodo venezolano como la mayor crisis migratoria de la historia reciente del continente. Hasta agosto de 2018, Ecuador contabilizaba más de medio millón de personas que llegaron a sus fronteras.

Tras las desafortunadas palabras del presidente, los movimientos feministas ecuatorianos distinguieron con acierto la diferencia entre el combate a la violencia en contra de las mujeres y las políticas discriminatorias. Hubo marchas y plantones en varias ciudades: Quito, Guayaquil, Manta… A la voz de Ni Una Menos, se sumaron consignas en contra de la xenofobia.

Con soluciones simplistas no se podrán resolver dos deudas que tiene el país: la crisis migratoria venezolana y la violencia de género. Al mezclar maliciosamente las dos, el presidente hace más difícil combatir de raíz el machismo y da rienda suelta a las tentaciones discriminatorias que pueden derivar en más violencia.

En abril, Ecuador será anfitrión de la Tercera Cumbre sobre la Migración Venezolana, pensada para que los países de la región discutan las políticas comunes para hacer frente al éxodo venezolano. De cara al encuentro, el presidente Moreno tendrá que reconocer su error al gestionar el caso de Diana Carolina como un problema migratorio. Solo así puede proponer con legitimidad el debate serio y humanitario respecto a la migración venezolana.

Es un avance que Moreno haya reconocido —un día después de las protestas de mujeres— que el machismo y la violencia de género son problemas que se deben erradicar, pero ahora debe establecer los mecanismos judiciales para abordar el urgente problema de la violencia de género. Se trata de un desafío de su gobierno que debe atender sin atajos. Los movimientos feministas y las miles de personas que salieron a las calles para pedir justicia por Martha y Diana Carolina no deben detenerse: en conjunto, colectivos y sociedad civil, debemos exigirle al gobierno una política decidida para proteger a las mujeres.

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