Después de la captura de Maduro, el futuro de Venezuela depende de sus instituciones

Lo que suceda a continuación dependerá no de la ausencia de Nicolás Maduro, sino de la disposición de la élite política de Venezuela, de su institución militar y de la oposición para abrazar un acuerdo político inclusivo en lugar de una confrontación de suma cero. Los miembros de las fuerzas armadas y de los servicios de seguridad, socializados durante mucho tiempo para ver a la oposición como una amenaza existencial, desconfían profundamente de los líderes opositores y temen represalias, marginación o la pérdida de privilegios bajo un gobierno liderado por la oposición. Sin una convergencia en torno a un acuerdo negociado, Venezuela corre el riesgo de caer en otro ciclo de conflicto en lugar del tan esperado camino hacia la renovación democrática.

La extraordinaria operación militar para capturar y remover al presidente venezolano Nicolás Maduro representa una de las acciones de política exterior de Estados Unidos más dramáticas en el hemisferio occidental en décadas. El presidente Donald Trump confirmó que Maduro y su esposa fueron capturados durante un “ataque a gran escala” y sacados del país en avión, marcando un giro decisivo en la prolongada crisis política de Venezuela. Si bien la destitución de Maduro es histórica, es solo el acto inicial de una transición mucho más compleja e incierta.

El hecho central al que ahora se enfrentan los venezolanos y la comunidad internacional es el siguiente: no existe un marco institucional ya preparado que permita una transición fluida del país hacia una gobernanza democrática simplemente porque se haya removido al dictador. Durante más de dos décadas, los regímenes de Chávez y Maduro vaciaron el poder judicial, marginaron la legislatura, corrompieron a las autoridades electorales y reformularon las fuerzas armadas y los servicios de seguridad como instrumentos de preservación del régimen en lugar de la gobernanza estatal. Esas mismas instituciones ahora ven a la oposición con sospecha y hostilidad, tras haber sido condicionadas a equiparar la supervivencia del régimen con la estabilidad nacional. Revertir este legado requerirá mucho más que instalar figuras opositoras en oficinas vacías.

El presidente Trump también ha declarado que Estados Unidos administrará Venezuela de manera interina. En la práctica, esto probablemente signifique que Washington ejercerá control a través de los canales económicos de Venezuela, particularmente el sector energético. El uso del poder económico, especialmente la participación del sector privado estadounidense, para promover intereses nacionales no es nuevo en la diplomacia estadounidense. La producción de energía, el alivio de sanciones, el acceso a los mercados de capital y los contratos de reconstrucción pueden servir como herramientas de influencia para moldear los resultados políticos. Si se implementa cuidadosamente, la gestión económica podría estabilizar las funciones estatales básicas e incentivar la reforma; si se maneja mal, corre el riesgo de profundizar la dependencia o provocar una reacción nacionalista. El poder económico, al igual que el militar, debe estar alineado con un objetivo político claro.

En este contexto y ante unas instituciones profundamente corruptas y politizadas, un camino imperfecto pero plausible es la formación de un gobierno de transición que combine remanentes de la élite política existente con fuerzas democráticas.

Bajo este modelo, figuras como la recién juramentada presidenta Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios del régimen ocuparían cargos interinos con un mandato estrictamente definido: mantener la continuidad institucional mientras supervisan una transición que culmine en elecciones creíbles en un plazo de 12 a 18 meses. Una estructura de reparto de poder de este tipo ayudaría a prevenir el colapso institucional mientras crea espacio para la reforma, la preparación electoral y el reequilibrio de las relaciones cívico-militares.

Este tipo de arreglo exigiría concesiones dolorosas de todas las partes. Los aliados de Maduro tendrían que renunciar al control de facto y aceptar límites vinculantes a su autoridad. La oposición tendría que tolerar un gobierno de transición que incluya a actores a los que se ha opuesto durante mucho tiempo y, a la vez, ofrecer garantías creíbles a las fuerzas armadas y los servicios de seguridad de que la transición no se convertirá en una purga. La comunidad internacional, por su parte, tendría que coordinar incentivos y presiones, como el alivio de sanciones, la ayuda para la reconstrucción y garantías de seguridad, para sostener un consenso frágil.

En el fondo, este momento para Venezuela no es simplemente una contienda entre personalidades o facciones. Es una prueba de si una sociedad profundamente polarizada puede reconstruir estructuras de gobernanza basadas en la legitimidad, la rendición de cuentas y un amplio consenso social. La historia ofrece una lección aleccionadora: remover a un autócrata suele ser solo el inicio de la lucha democrática, no su conclusión. Que Venezuela logre o no avanzar por un camino democrático y estable dependerá no de quién ocupe el palacio presidencial a continuación, sino de si sus instituciones pueden ser reconstruidas para servir al Estado y no al régimen.

Brian Fonseca, Ph.D., es director del Jack D. Gordon Institute for Public Policy en la Florida International University y Fellow de Seguridad Internacional en New America.